Ese informe resultó ser el primer pronóstico válido de un deslizamiento urbano en el país, pues la predicción coincidió con lo ocurrido entre julio y noviembre del 2020, cuando comenzó a agrietarse el suelo, para luego generar los desprendimientos que dañaron decenas de casas.

El geólogo Rolando Mora, junto con su colega Fabián Campos, tuvieron a cargo la investigación en la urbanización Valladolid, que fue donada como parte del proyecto de extensión docente de la UCR para personas de escasos recursos. Sin contar honorarios profesionales, su costo fue de unos $18.000 (más de ¢11 millones).

“Yo no creo que en este país se haya detallado tanto un deslizamiento”, aseveró Mora.

El experto consideró que desde que se entregó el informe en marzo del 2019 y hasta que se presentó el nuevo deslizamiento (25 de julio del 2020) “se pudo haber hecho mucho, e incluso haber intervenido el talud y remediado esa situación, pero hubo negligencia”, sostuvo.

Mora lamentó que aunque la primer caída grande de material en la zona ocurrió a pocas semanas del impacto por la tormenta tropical Nate (octubre del 2017), en el primer decreto por esa emergencia no se incluyeron fondos para la reparación requerida ante el riesgo que quedó en la zona.

Sobre lo que sigue ahora, el geólogo afirma que las condiciones topográficas cambiaron, pero las autoridades ya tienen una sólida base de datos sobre cómo se comportan los materiales del suelo, la cual pueden complementar con una investigación adicional.

“Toda esa urbanización va a irse destruyendo paulatinamente si no se actúa rápido, porque al igual que cayó ese tramo, pueden caer otros y va a seguir afectando las viviendas que quedaron ahí” indicó el geólogo.

Aunque la solución que ellos propusieron era costosa, el estudio demostró que podía estabilizarse el sitio mediante intervenciones en el talud, anclajes, muros de contrafuerte en la base, drenajes horizontales y otros.

Lo primero que proponía esa investigación del 2019 era establecer un manejo adecuado de aguas residuales y pluviales en la urbanización, con un drenaje eficiente.

Actualmente persiste el problema de aguas y hay casas al borde del desprendimiento, el cual tiene una inclinación que no cumple las especificaciones del Código Geotécnico de Laderas y Taludes de Costa Rica.

Ante un temblor o al llegar la época lluvias, la situación se puede agravar por la recarga de agua en el suelo, explicó Mora.

Como solución propone “acostar” o bajarle la pendiente al talud. Eso implica sacrificar varias viviendas que están unos 30 metros para atrás del borde actual.

“Hay que ver qué movimiento de tierras se hace, porque lo que se deslizó no puede quedar ahí”, dijo el científico, para quien la reparación tardía va a salir más cara.

Agregó que las familias que viven ahí urgen de un sistema de monitoreo que les ayude a abandonar el sitio cuando las condiciones climáticas sean adversas.

“Las autoridades deberán decidir qué hacen, porque están dejando a las personas que viven ahí en una condición de muy alto riesgo”, puntualizó.

CNE intervendrá

Lidier Esquivel, jefe de la Unidad de Investigación y Análisis de Riesgos de la CNE, confirmó que van a intervenir el deslizamiento para tratar de estabilizarlo.

Uno de los obstáculos para desarrollar las obras antes lo constituyó el hecho de que las manifestaciones en el lugar no coincidieron con un fenómeno en específico y costó mucho demostrar que todo se disparó luego de la tormenta Nate.

Una vez que se probó esa relación al Departamento Legal de la CNE, se pudo incluir la atención dentro del decreto de emergencia por Nate, y en las próximas semanas se va a iniciar con el plan de manejo de aguas residuales.

Ese manejo de aguas guarda relación directa con el movimiento de tierra y será lo primero que se va a intervenir, ya que es una especie de lubricante para zonas en riesgo.

Esquivel admitió que originalmente la CNE manejaba un escenario mucho más conservador de lo que ocurrió ahí.

Reconoció que las personas afectadas tienen razón al vivir un drama “porque es su arraigo y es su familia, pero muchas veces la solución más sostenible y menos costosa es reubicarlos y no invertir en una obra cara de la que no se tiene la certeza absoluta de que quede bien”, explicó.

El costo para intervenir el sitio ronda los ¢2.000 millones y según Esquivel, el objetivo es darles el mejor uso.

“Manejamos cierto grado de preocupación, porque en otro sector de Desamparados, en la cárcel Vilma Curling, (San Rafael Arriba), se han invertido cerca de ¢3000 millones en obras de estabilización y no se termina de asentar”, dijo.

Explicó que los suelos en Valladolid son llamados tobas, y se caracterizan porque son impredecibles en su comportamiento, por eso existía el temor de invertir fondos y que la solución no fuera la definitiva.

Dijo que antes del estudio de la UCR, la Comisión hizo uno en octubre del 2017, luego del paso de Nate, pero no esperaban un desenlace tan acelerado.

Añadió que, por ahora, el Ministerio de Vivienda busca un proyecto que permita solucionar la situación de las familias que vivían en las casas que se hundieron a ocho metros del resto.

Otras 13 viviendas que están en área de observación son parte de las que deberían ser desalojadas en cuanto se terminen los estudios sobre el tipo de obras de mitigación que se van a desarrollar ahí.

Ya tenemos el escenario en proceso y está más claro lo que sucede. Veremos lo que debe ser reubicado para luego intervenir la ladera, dijo Esquivel.

Añadió que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) les ayuda en estudios de auscultación geológica, para la fase de canalización de aguas.