Volver a 656 homicidios por año, como ocurrió en el 2022, es una meta lejana y poco realista para las autoridades policiales. La proyección del Organismo de Investigación Judicial(OIJ) es que el 2024 cierre con cifras semejantes a las del 2023, un año récord con 907 asesinatos.
Cuando faltan 98 días para que se termine el año, Costa Rica registra 652 homicidios; se trata de 13 víctimas menos, con respecto al mismo periodo del 2023. Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reconoce que las acciones policiales al menos permitieron frenar el crecimiento exponencial y aplanar la curva, pero no visualiza una baja.
“Si seguimos en la misma ruta, vamos a terminar en 880 o 900 homicidios, y la verdad es que un año después es como pesar 95 kilos y haber bajado 2 kilos. En un año, eso es muy poco”, mencionó Zúñiga.
Para el jefe policial, desafortunadamente una merma de 13 crímenes, como la que va hasta ahora, es insignificante, pues todavía falta fin de año, periodo en el que aumenta este tipo de criminalidad. Sin embargo, “no se pueden normalizar 800 o 900 casos en Costa Rica”, dijo en entrevista con La Nación.
Si la tendencia se mantiene hasta finales de diciembre, la tasa de homicidios dolosos en Costa Rica rondará los 17,2 casos por cada 100.000 habitantes, similar a la alcanzada en el 2023, y la más alta de la última década.
Del total de homicidios del 2024, el 63% son producto de ajustes de cuentas, la mayoría por asuntos de narcotráfico o crimen organizado. En el 2023, siete de cada 10 muertes fueron por esta razón. Además, al igual que el año pasado, Limón, San José y Puntarenas, lideran como las provincias con más homicidios dolosos.
Trabajos en Limón
Zúñiga mencionó que, con recursos limitados, entre las estrategias utilizadas para aplanar la curva de homicidios están las acciones focalizadas contra las organizaciones criminales afincadas en Limón.
“En diciembre del año pasado le dimos un golpe bastante fuerte a la estructura de Diablo; a finales de enero al grupo de Tony Peña Russell, a la semana siguiente al grupo de la H, y recientemente a un grupo de Batán. Todos están en prisión preventiva: son 19 mayores de edad y 6 menores de edad”, explicó.
En números absolutos, Limón reporta, actualmente, 138 asesinatos, 21 menos con respecto al mismo periodo del año pasado.
No obstante, mientras en Limón hay menos muertos, en Puntarenas aumentan. Hace un año, a esta fecha, se reportaban 107 homicidios en esa provincia; ahora, van 123. La causa es una encarnizada lucha entre grupos por el territorio para la venta de drogas.
Las autoridades destacan, además, una migración de narcotraficantes de Limón, quienes ahora prefieren operar en aguas del Pacífico, donde hay menos cuerpos policiales internacionales vigilando el océano.
En el 2023, el 92% de las víctimas fueron hombres y solo el 8% mujeres, con un promedio de tres homicidios diarios. La mayoría de las víctimas, seis de cada diez, tenían entre 20 y 29 años, lo que refleja un impacto devastador en la población joven del país.
El uso de armas de fuego predominó en ocho de cada diez homicidios, mientras que en uno de cada diez casos se utilizaron armas blancas o métodos alternativos.
Zúñiga reiteró la necesidad de dotar de recursos a los diferentes cuerpos policiales y cambiar la estrategia para combatir la criminalidad. Como ejemplo de la deficiente gestión que se ha realizado en el país, mencionó que la Fuerza Pública, un cuerpo policial preventivo, tiene más del 60% de su flotilla en mal estado.
Además, en Vigilancia Aérea, confirmó La Nación en agosto, solo había un avión disponible para los patrullajes conjuntos con el Gobierno de Estados Unidos.
Aprobación de leyes
Zúñiga señaló la necesidad de aprobar proyectos de ley que ayudarían a aplanar la curva de homicidios. Entre ellos, citó una iniciativa que pretende implementar una restricción vehicular temporal que impida a dos hombres viajar en motocicleta durante ciertas horas y en áreas específicas, con el fin de combatir el sicariato.
Se trata del expediente 24.137, planteado por el diputado socialcristiano Alejandro Pacheco y que entró a la corriente legislativa desde enero de este año.
La segunda ley propuesta es una reforma al artículo 32 de la Constitución Política, que permitiría la extradición de costarricenses vinculados a delitos de narcotráfico y terrorismo. Zúñiga subrayó la necesidad de esta reforma, señalando que el trato que reciben en Estados Unidos es significativamente más duro que en Costa Rica.
“Con la extradición, generalmente las personas van a mencionar funcionarios públicos involucrados en el narcotráfico, así como a algunos políticos u otros criminales. Van a tratar de ofrecer información, porque enfrentar 100 años en prisión en Estados Unidos es muy diferente a los 50 o 35 años que se podrían cumplir aquí”, afirmó.
Además, apuntó que no se trata únicamente de un asunto legal, sino de un enfoque integral en todos los ámbitos de la seguridad del país.
Ecuador, por ejemplo, experimentó un aumento significativo en la criminalidad, impulsado por el narcotráfico. Según el director de la Policía Judicial, en una conversación con autoridades ecuatorianas preguntó cuáles factores detonaron esa realidad y en la respuesta hubo tres aristas: la pérdida del control de las prisiones, donde cabecillas operaban desde adentro para ordenar asesinatos; la disminución del presupuesto destinado a la policía, y una legislación que calificaron como “garantista”.
“Ahorita hay un debate público entre las garantías individuales y las garantías públicas. Hay algunos proyectos de ley que se centran en favorecer y respetar todos los derechos de los privados de libertad. Yo diría que, sin caer en excesos como los de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, cuando se trata de una cárcel de máxima seguridad, la comunicación debería ser muy reducida, usando el concepto de cárcel dura, como lo hizo Italia con la mafia”.
Siguiendo con la analogía de la pérdida de peso, Zúñiga mencionó que las leyes podrían ser como una “inyección”, pero enfatizó que “no es lo mismo hacer dieta que hacer ejercicio, como cardio o levantar pesas”, y recalcó que la educación es otro aspecto deficiente en Costa Rica.
También advirtió que el país no está otorgando a la educación la importancia necesaria, ya que la inversión en una persona solo se recupera entre 10 y 12 años después. “La educación es la llave del pensamiento, pero si no invierte en educación, lo que va a tener es que las personas no van a pensar diferente, ni van a ver las cosas que suceden a su alrededor”, sostuvo.
Colaboró en esta información Vanessa Loaiza.
