18 imputados del Caso Madre Patria, una presunta organización dedicada al fraude registral, la legitimación de capitales y la falsedad ideológica, quedaron en libertad con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.
Entre ellos se encuentran dos españoles y presuntos cabecillas del grupo, de apellidos León Muñoz y Gómez González, así como sus parejas, Jiménez Arias y García Núñez, respectivamente.
La resolución fue emitida el 20 de febrero del 2026 y firmada por el juez Pablo José Porras Barahona, quien se apartó de los criterios del fiscal a cargo del caso para variar las medidas. En todos los casos, el Ministerio Público solicitó que los imputados permanecieran en prisión preventiva mientras avanza la investigación, que se remonta al 2020.
En apariencia, esta organización cometió cientos de fraudes para apropiarse de bienes inmuebles y luego venderlos a terceros. Además, legitimaban el dinero comprando vehículos de alta gama, invirtiendo en criptomonedas y en servicios de transporte de pasajeros.
Los españoles, de acuerdo con las autoridades, en apariencia, se hacían pasar como empresarios de bienes raíces en Costa Rica para sustraer las propiedades; mientras que sus esposas, se presume, figuraban como testaferras en compra de propiedades y sociedades “fantasma”.
Al 25 de junio del 2024, cuando se ejecutaron 47 allanamientos para dar con los sospechosos, la Policía Judicial había identificado más de 100 propiedades robadas, una de ellas era una finca en el Coco, en Carrillo Guanacaste, valorada en $30 millones.
Además de León y Gómez, quedaron en libertad doce hombres de apellidos González Araya, Pérez Barboza, Loaiza Bolandi, Marín Ramírez (colombiano), Venegas Marín (juez penal), Barrientos Campos, Barrientos Campos, Rodríguez Hidalgo, Rojas Rojas, Prendas Matarrita, Chaves Arias y Herrera González.
En las pesquisas de este expediente, la Policía Judicial concluyó que el actual diputado, Leslye Bojorges, le habría solicitado a este último sujeto dinero a favor de la actual alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, antes de las elecciones municipales del 2024. Precisamente, fueron las escuchas telefónicas del caso Madre Patria las que derivaron en esta otra causa penal denominada Caso Richter, en la que tanto Bojorges como Jiménez figuran como imputados.
A la lista de presuntos miembros liberados se suman dos mujeres más, identificadas como González Pinto y Herrera Vega.
Ahora los imputados deberán brindar la dirección exacta de su domicilio, firmar dos veces al mes (a partir del 13 de marzo), no podrán salir del país, deben abstenerse de molestar o comunicarse con las víctimas o testigos del proceso y las autoridades verificarán que estén en sus domicilios al menos una vez al mes.
Los extranjeros León Muñoz, Gómez González y Marín Ramírez, además de las medidas anteriores, tendrán que entregar sus pasaportes. Este último se presume que es intermediario con el grupo criminal y suplantadores, pues en apariencia buscaba propiedades, constituía sociedades con los presuntos cabecillas y buscaba posibles compradores de buena fe.
El Ministerio Público confirmó a La Nación que la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada presentará un recurso de apelación. Todavía no se conoce la fecha para la audiencia en la que se revisará lo dispuesto por el juez Porras Barahona.
Motivos del juez
Aunque cada caso tiene sus particularidades, criterios similares pesaron sobre la decisión final del juzgador para liberar a los 18 imputados. En la resolución, Porras determinó que los arraigos familiares de los sospechosos, oportunidades de empleo y alternativas de domicilio apuntan a un menor riesgo de fuga y mayor facilidad para localizarlos.
Además, diez de los sospechosos ya habían cumplido medidas alternativas a la prisión preventiva y, en ningún caso, sentenció Porras, se pudieron acreditar irregularidades. Estos diez regresaron a prisión en noviembre del 2025 tras la resolución de un juez y, los ochos restantes, ya cumplían esta medida incluso desde antes de ese mes.
En el caso de Gómez González, quien ha permanecido en prisión desde su detención, hace 20 meses, Porras determinó que “es el ejemplo vivo de los estragos que puede provocar en la salud de una persona el encierro preventivo, frente a la ineficiencia de la administración penitenciaria costarricense ante el hacinamiento y recursos limitados para la atención de necesidades básicas para personas en su condición de salud”.
La defensa de Gómez, a cargo del abogado Mario Quesada, alegó que el imputado se encuentra grave de salud y ofreció documentos que acreditaron su deterioro. Aunque en la resolución no se detalla su diagnóstico, sí se menciona una pérdida de peso, fuertes dolores de espalda y que el sospechoso requiere de una serie de intervenciones médicas que no ha garantizado el centro penal.
En el caso de su esposa, García Núñez, el juez determinó que “la magnitud del daño causado, alta pena por imponer, delitos que se le atribuyen, armas encontradas el día de los allanamientos y que (García Núñez) sea la esposa del supuesto líder de la organización criminal, son supuestos ‘peligrosistas’ (sic) y de estirpe punitivo que, por sí solos, no deben ser tomados en cuenta para mantener la prisión preventiva”.
Para el segundo presunto cabecilla, León Muñoz, también preso desde su detención, y su esposa, Jiménez Arias, el juez concluyó que las condiciones han variado en favor de ambos, pues ahora tienen ofertas laborales, casa fija y tienen tres hijos menores de edad en común, “por lo que el riesgo de fuga sustentado en otras debilidades procesales bien puede paliarse con otro tipo de medidas cautelares”, se lee en la resolución.
En el caso del juez penal de apellidos Venegas Marín, quien perdió su trabajo en el Poder Judicial tras la revocatoria de su nombramiento, Porras estimó que al no tener personas que dependan de él y el hecho de que trabajará desde su casa, permitirán que medidas alternativas puedan paliar el riesgo de fuga.
En cuánto al colombiano de apellidos Marín Ramírez, Porras concluyó que tiene suficientes arraigos en Costa Rica para hacer frente al proceso penal estando en libertad.
El Ministerio Público argumentó que el imputado Lozaina Bolandi, un abogado de 67 años, había aportado pruebas falsas en el pasado y este elemento debía considerarse en la decisión final; sin embargo, al no especificar cuáles fueron esas pruebas, dijo el juez, no se pudo valorar la apreciación. Este hombre sería el responsable de coordinar las actuaciones de otros notarios y, en apariencia, realizaba los estudios registrales de las propiedades por sustraer.
“A pesar que (Loaiza Bolandi) carezca de un arraigo laboral, la fortaleza de sus otros arraigos en el país le permiten al imputado enfrentar el proceso penal estando en libertad con medidas cautelares”, concluyó Porras.