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La acusación por el Caso Aldesa detalla cómo varios inversionistas habrían intentado retirar sus recursos del grupo empresarial ante las crecientes dudas sobre su situación financiera, a finales del 2018 e inicios del 2019.
Según el Ministerio Público, los afectados habrían mantenido su dinero debido a que, en reiteradas ocasiones, asesores financieros e incluso el presidente de la compañía, Javier Chaves Bolaños, los habrían persuadido de no retirar sus recursos, pese a que, aparentemente, conocían los problemas de liquidez que enfrentaba el grupo en ese momento.
El legajo cita que asesores de Aldesa habrían minimizado o negado dichos problemas, atribuyéndolos a “rumores malintencionados” o incluso “noticias falsas”.
También, en apariencia, aseguraron que la empresa estaba “sólida” y que ciertas situaciones concretas “se resolverían pronto”.
Según el expediente, días antes de presentar una solicitud de Administración y Reorganización por Intervención Judicial ante el Juzgado Concursal, el propio Chaves Bolaños habría ofrecido aumentos en las tasas de interés, para convencer a los clientes de mantener su patrimonio en Aldesa.
El caso trascendió en 2019 y en años posteriores se conoció que la compañía acumuló compromisos por unos $200 millones con más de 500 clientes, cifra que luego ascendió a más de 600 inversionistas, cuando el grupo se declaró en quiebra, en 2022.
De acuerdo con el legajo, las presuntas víctimas depositaban su dinero con la intención de invertirlo en entidades reguladas por la Superintendencia General de Valores (Sugeval). No obstante, sin su conocimiento, se redireccionaban los recursos a Aldesa Corporación de Inversiones y sus empresas vinculadas, que no estaban sujetas a regulación.
En la acusación formal figuran 23 imputados, entre directivos, asesores, jefa de operaciones, tesorero y gerente financiero, a quienes se atribuyen presuntos delitos de estafa mayor e infracción a la Ley Orgánica del Banco Central. El caso se tramita bajo el expediente expediente 19-000157-1220-PE.
Servicios Corporativos de Personal E.L.N.
El 5 de diciembre del 2018, el representante legal de la empresa Servicios Corporativos de Personal E.L.N. habría solicitado a un asesor externo de apellidos Díaz Solís liquidar una de varias inversiones que tenía con dicha entidad, por $1.500.000.
El asesor de Aldesa, “con la finalidad de mantener en error” al representante, afirmó que el trámite se había efectuado y transcurría con normalidad.
No obstante, el 18 de febrero del 2019, ante presuntas inconsistencias, habría indicado al representante legal que lograron “conseguir un inversionista que sustituya parcialmente el monto solicitado”, señala el expediente.
El asesor indicó que sería factible regresar $1.000.000, pero cuando llegó el momento de liquidar la inversión, Aldesa Corporación de Inversiones, representada por Javier Chaves, “en contra de la voluntad expresa de la empresa ofendida, no liquidó el certificado de inversión y, contrario a lo anterior, renovó de forma unilateral la inversión”.
El perjuicio a esta empresa se estima en $2.862.559 y ¢686,3 millones.
‘Rumores’ y ‘falsas noticias’
Otra de las presuntas víctimas que menciona el expediente es una mujer de apellido Kramarz, quien durante el 2017, luego de recibir información que alertaba de que el Grupo Aldesa “estaba mal financieramente”, solicitó a un asesor de apellidos Garita Carballo sacar sus inversiones de un fondo inmobiliario.
Garita, “con la finalidad de mantener en error a la ofendida, y así evitar un flujo de salida de activos de Aldesa Corporación de Inversiones, aprovechó la confianza que le tenía la ofendida y le señaló que: ‘Aldesa estaba muy sólida, que eran solo rumores malintencionados y que no se preocupara’”.
La acusación también señala que en setiembre del 2018, ante los mismos rumores, Kramarz pidió liquidar una inversión de $240.000. Garita le habría dicho que no sacara los fondos porque “todo se encontraba bien”. Ella inicialmente mantuvo su postura y el dinero se depositó en su cuenta; sin embargo, posteriormente volvió a invertirlo en Aldesa.
El perjuicio económico en su caso asciende a $480.000.
Bajo un presunto ardid similar, según el Ministerio Público, habría sido “inducido a error” un hombre de apellido Casarotto, cuyo perjuicio asciende a $275.000.
En su caso, entre diciembre del 2018 y febrero del 2019, solicitó al asesor de inversiones de apellidos Alfaro Chacón que le manifestara si existía algún problema en Aldesa que le pudiese causar un daño económico.
Se presume que Alfaro le mencionó que no existían problemas y que “eran falsas las noticias que indicaban que dentro de Aldesa había un desfalco”, dice el legajo. Esto lo habría manifestado “a sabiendas de la situación de liquidez” y el inversionista mantuvo su patrimonio en Aldesa.
Incrementos en tasas de interés
En noviembre del 2018, el representante legal de 3-101-746660 S.A. y Magneto Diesel S. A. pidió a un asesor de apellidos Villar Barrantes liquidar y retirar fondos vencidos.
Javier Chaves, en compañía de Villar, en apariencia, se presentó en la oficina del representante legal de la empresa, ubicada en San José, “con la finalidad de continuar manteniendo en error al representante de la ofendida y así prolongar la disposición del dinero que había invertido”.
“Pese a conocer la realidad económica por la que estaba atravesando Aldesa respecto a la falta de liquidez, la cual ocultó en todo momento, ofreció al representante de la ofendida un ligero incremento en la tasa de interés para cada una de las inversiones que tenían con Aldesa Corporación de Inversiones, ofrecimiento que fue aceptado”, dice el legajo.
El perjuicio total en este caso es de $1.290.113 a 3-101-746660 S.A., y de $113.027 a Magneto Diesel S.A.
Javier Chaves también habría ofrecido el supuesto incremento en la tasa de interés a la Asociación Solidarista de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones. Aunque la propuesta fue rechazada de plano, el perjuicio económico se fijó en ¢100.000.000.
Promesas para cumplir con pagos
Otra ofendida, de apellido Rochac, pidió al asesor Villar Barrantes explicarle la situación financiera que atravesaba la empresa, pues dijo haberse enterado en medios de prensa, durante el último cuatrimestre del 2018, sobre el embargo de una propiedad de Aldesa que hizo el Ministerio de Hacienda.
El asesor, supuestamente, le dijo que la deuda con Tributación se canceló y que Aldesa acababa de comprar un “terreno muy grande”. Esta mujer habría perdido a manos de Aldesa $198.000.
El expediente también menciona a una mujer de apellido Aguilar, quien preguntó sobre la situación financiera de Aldesa, a lo que un asesor de apellido Morera respondió que “él veía que se resolvería pronto”.
De acuerdo con la acusación, la mujer solicitó una reunión con Javier Chaves, quien le contó sobre el avance de varios proyectos de desarrollo inmobiliario y que, con la venta de los mismos, podía tener la suficiente liquidez para pagarles el capital más los intereses prometidos, “circunstancia que no aconteció”.
Esta mujer habría perdido ¢20.000.000 y $5.000.
A un sujeto de apellido Rodríguez, quien no recibió sus ¢27.000.000, un asesor identificado como Morera Calvo le habría indicado que “tenían unas bodegas en el Coyol de Alajuela y que la falta de pago del alquiler por parte del arrendante era lo que les impedía pagarle los intereses”.
A mediados del 2019, el propio Javier Chaves le habría dicho que estaban buscando inversionistas para vender la propiedad de Monte del Barco, uno de los desarrollos de Aldesa, y que él consideraba que podía salir del problema de liquidez en corto plazo, “lo cual no aconteció”.
A una mujer de apellido Boehmer y a su esposo, el imputado Chaves Bolaños les habría indicado: “Ustedes de qué se quejan, si ahí están las bodegas; apenas vendamos las bodegas, se les devuelve el dinero”. Pero la promesa no se cumplió y el perjuicio asciende a los $200.000, según el Ministerio Público.
