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Una organización criminal, integrada por miembros de una misma familia y supuestamente dedicada a cometer estafas suplantando a funcionarios públicos, fue desarticulada, la mañana de este miércoles, por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El operativo fue liderado por la delegación regional de la Policía Judicial en Pérez Zeledón e inició a las 6 a. m. con siete allanamientos simultáneos en viviendas en Coto Brus (Puntarenas), donde fueron detenidas ocho personas sospechosas y se decomisó evidencia clave para la investigación.
Los aprehendidos fueron identificados como Zúñiga, de 36 años; Buzano, de 62 años; Garro, de 53; Salinas, de 60; Alvarado, de 23 años; Villarreal, de 72, Salas, de 36, y una mujer de apellido Buzano, de 32 años.
Según el informe preliminar del OIJ, los presuntos estafadores llamaban a sus víctimas haciéndose pasar por funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), de hospitales públicos, o bien, de centros educativos.
Bajo ese perfil institucional, solicitaban depósitos bancarios para costear supuestos servicios de transporte, entregas de mercadería o pagos urgentes vinculados a trámites inexistentes entre personas de comunidades en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Este método engañoso les habría permitido operar durante meses y en distintas regiones del país. La organización está vinculada a al menos 30 causas penales, con un perjuicio económico que supera los ¢7 millones, según estimaciones del OIJ.
El monto podría aumentar conforme se incorporen nuevas denuncias.
De momento, la investigación permitió identificar a los sospechosos y obtener la orden judicial para intervenir sus viviendas.
Además de las detenciones, los agentes buscan decomisar documentos, celulares, computadoras y otros dispositivos utilizados para coordinar las estafas.
Los allanamientos se realizan en coordinación con la Fiscalía Especializada de Fraudes de San José.
Apenas el martes, agentes de la Sección Especializada Contra las Estafas y el Fraude Registral del OIJ ejecutaron cinco allanamientos —cuatro en Alajuelita y uno en Desamparados— contra otra banda de estafadores que habría afectado al menos a 141 personas y habría provocado un perjuicio económico superior a los ¢55 millones. Tras las acciones fueron detenidos tres sospechosos.
Decenas de víctimas, en su mayoría adultos mayores, creían que estaban participando en una entrega de ayuda alimentaria; sin embargo, detrás de esa aparente generosidad, los delincuentes que usaban sus datos personales para tramitar créditos mediante una página web que funciona para compra de electrodomésticos por cuotas.
Colaboró en esta información Natalia Vargas.
