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El Poder Judicial abrirá al público las audiencias por casos de corrupción cuando entre en vigencia la ley 24.860, aprobada por unanimidad en segundo debate y que crea un nuevo régimen sancionador para sus funcionarios.
En entrevista con La Nación, el magistrado de la Sala I, Jorge Leiva Poveda, uno de los promotores de este proyecto, explicó que la apertura de estas audiencias es uno de los principales cambios que establece la reglamentación, cuyo objetivo es combatir la corrupción institucional e infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial.
Las disposiciones en el texto, compuesto por 240 artículos y nueve transitorios, aplican para personas servidoras e integrantes de listas de suplentes, elegibles y meritorias de este poder de la República.
“Entendemos que el tema de la corrupción es importante no solo para el Poder Judicial, sino para toda la sociedad. Los medios de comunicación y la gente, que ven cómo funciona el Poder Judicial, van a poder tener acceso y ver cómo estamos resolviendo estos temas de corrupción”, explicó Leiva.
Las audiencias son una de las partes más importantes de un proceso administrativo que se formula contra un funcionario, de acuerdo con el magistrado. En ellas se evacúan pruebas, se entrevista a los testigos, se presentan los peritos, se revisan los documentos del caso y se llevan a cabo otras diligencias.
Anteriormente, en todos los casos administrativos, el acceso a esta etapa del proceso era restringido y solo se podían conocer los detalles una vez que se dictara un resultado.
Solo en casos de corrupción esto cambiará en cuanto la iniciativa se publique oficialmente en el Diario La Gaceta. El magistrado aclaró que la etapa de investigación, como en el resto de los procesos, permanecerá privada.
Además de este cambio, en enero de cada año el Tribunal Administrativo Sancionador deberá presentar al Consejo Superior un informe administrativo de las labores del año, como parte de un proceso de rendición de cuentas.
No hay marcha atrás
Según explicó Leiva a La Nación, es común dentro del Poder Judicial que, una vez que un funcionario es notificado de alguna causa administrativa, renuncie o se jubile para evadir la investigación y que su expediente quede limpio.
Cuando esto sucedía, iniciaba una discusión procesal en la que se debatía si era o no posible continuar el proceso disciplinario, como parte de “una serie de lagunas que hoy hay en el sector público”.
Esta nueva legislación, afirma Leiva, aclara estos vacíos y permitirá que continúen los procesos administrativos incluso cuando un funcionario pone su renuncia o sale del Poder Judicial para evitar el procedimiento.
“Aquí lo importante es que esto quede acreditado, si es que la persona es culpable, en el expediente. Que quede acreditado, porque puede ser que la persona se vaya y apenas prescriba la posibilidad de castigarla disciplinariamente, intente regresar al sector público y particularmente al Poder Judicial”, aseveró.
“A nosotros nos interesa que eso quede en el expediente de esa persona para que, si esa persona en uno, dos o tres años, cuando ya no podemos castigarla por lo que hizo, intente regresar, tengamos esa información en el expediente”, añadió.
Según explicó el magistrado, este cambio no solo evitará la impunidad en procesos disciplinarios, sino también filtrar el ingreso de funcionarios al Poder Judicial.
