Jiménez asumió la defensa de la funcionaria desde hace aproximadamente un año y medio. Según explicó a La Nación el pasado 16 de abril, apenas estaba conociendo un legajo del 2019 y otro del 2023 que estaban a cargo de la Defensa Pública.
“La posición de la defensa, como cualquier defensa técnica es que le toca al fiscal, le toca al Ministerio Público, por fuerza de ley, allegar prueba suficiente al expediente para que un tribunal penal quede convencido de la responsabilidad de mi representada”, afirmó.
“Si esa prueba no llega al expediente por parte del Ministerio Público, yo como defensor técnico no tengo por qué asumirle a mi representada la culpabilidad. Mi representada es inocente hoy, mañana y pasado mañana, hasta que llegue el juicio”, declaró.
Sobre el resto de detalles del caso, el jurista indicó que en razón del Código Procesal Penal, no comentaría más sobre los hechos, “sobre todo con la prensa, que se van a hacer públicos”.
Afirmó estar consciente de que continúan ingresando denuncias en contra de su cliente.
“Conversé con una muchacha que entiendo que ya puso su denuncia también. A ella más bien la asesoré un poquito, sobre todo lo que tenía que hacer si se sentía ofendida. Que buscara la asesoría técnica de otro abogado, no conmigo, porque estaba defendiendo a esta señora”, agregó.
Bolaños es afiliada activa del Colegio de Trabajadores Sociales. Dicha entidad confirmó a este diario que ella se encuentra morosa y en proceso de cobro.
Apelación de la prisión preventiva
El caso por el que Bolaños recibió seis meses de prisión preventiva se tramita en el expediente 25-000749-0369-PE.
De acuerdo con el Ministerio Público, la funcionaria ofrecía viviendas de bajo costo y conseguía que sus “clientes” entregaran entre ¢5 millones y ¢8 millones, como supuesto adelanto para la compra del bien.
Se cree que, una vez recibido el dinero, la imputada se desentendía y así les causaba un perjuicio económico a las víctimas.
Jiménez confirmó a La Nación que apeló la medida de prisión preventiva que el Juzgado Penal de Heredia le impuso a la funcionaria el 14 de abril, un día después de su detención.
Consultado sobre los argumentos para justificar la apelación, señaló que aún no los revelará, pues es parte de su estrategia de defensa compartirlos cuando llegue el momento de la audiencia. Por el momento, no hay fecha definida para esta sesión.
Además de esta causa, la mujer figura como imputada en cuatro causas más, dos de ellas en la Fiscalía de Heredia y dos en la de Alajuela.
Este diario conversó con ocho presuntas víctimas, quienes confirmaron distintas modalidades de estafa que habría empleado esta mujer para presuntamente sustraer millones.
Entre ellas mencionaron la oferta de una maestría en Chile, donaciones de viviendas, venta de vehículos y tratamientos contra el cáncer, entre otros.
