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El sicariato relacionado con el narcotráfico es el principal componente del fuerte aumento de los homicidios en Costa Rica en los últimos años.
En el 2010, solo un 2% de los homicidios estaban vinculados al crimen organizado. Sin embargo, esta cifra comenzó a aumentar gradualmente, alcanzando un 54% en el 2015, según datos recopilados por el Informe Estado de la Nación.
Aunque hubo fluctuaciones en los años posteriores, a partir del 2018 este porcentaje ha mostrado un crecimiento sostenido, llegando a representar un 69% de los 873 homicidios registrados en el 2025.
Tal incremento es provocado por la disputa de territorios entre bandas criminales, las cuales tienen entre sus “plantillas” a peones dispuestos a tomar un arma y disparar en público cuando se requiera.
Con algunas excepciones, la mayoría de estos sicarios son hombres, jóvenes (en ocasiones menores de edad), excluidos del sistema educativo, en condición de pobreza y adictos a las drogas. Otro hecho en común es que tienen una baja expectativa de vida, pues suelen ser víctimas de sicarios de grupos rivales.
Mauricio Boraschi, fiscal adjunto del Ministerio Público, explicó que los narcos aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de estos jóvenes para atraerlos a sus filas por medio de regalos y dosis de droga.
Muchos empiezan como “campanas”, ubicados afuera de los búnkeres donde se distribuye la droga para alertar cuando se acerca la Policía. Poco a poco, suben en la pirámide hasta que se les asigna un asesinato.
La recompensa puede variar según las circunstancias. Olger González, jefe de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró a La Nación que ha recibido reportes de que a los sicarios les pueden pagar de ¢20.000 a ¢50.000, o con dosis de droga para consumo personal, por matar a una persona.
No obstante, indicó que otras bandas usan métodos distintos para remunerar a sus gatilleros.
“Hemos visto inclusive que una organización que funcionaba en la capital rifaba una motocicleta, después de que se cometía un homicidio exitoso, dentro de la cuadrilla de sicarios que enviaban a acabar con la vida de una determinada persona”, expuso Boraschi.
La poca pericia de estos asesinos, que disparan indiscriminadamente en espacios públicos, provoca la mayoría de víctimas colaterales: en lo que va de este año se registran cinco casos, mientras que en el 2025, 85 personas murieron producto de un ataque del que no eran objetivo (10% del total). En el 2024, la Policía Judicial había reportado 93 (la cifra más alta registrada) y en el 2023 ocurrieron 52 decesos de ese tipo.
Generalmente, cuando a un adolescente se le encomienda un asesinato, él llega al sitio en una motocicleta manejada por un adulto. La Fiscalía investigó una organización en Puntarenas que les servía a los sicarios un cóctel de licor con pastillas tranquilizantes antes de cometer los crímenes.
Terminar en la cárcel no es la mayor preocupación para estos jóvenes. Según el fiscal adjunto, otro anzuelo que utilizan las bandas para reclutar es decirles que, como son menores de edad, los problemas judiciales por cometer homicidios no serán tan severos para ellos.
También los seducen con residencia, fiestas y comida, para integrarlos de lleno en la actividad criminal. A cambio, se deben involucrar en una vida intensa y, muchas veces, corta.
“Para muchos de estos jóvenes, su esperanza de vida no sobrepasa los 26 a 30 años, y resulta que por eso viven al nivel que viven, montados en una montaña rusa de aventuras y dispuestos casi a cualquier cosa, porque por su misma pertenencia a esos grupos, saben lo que les va a pasar”, afirmó Boraschi.
El riesgo no solo consiste en resultar asesinados por una banda rival, sino también por la misma estructura a la que pertenecen, si intentan dejarla.
“Hemos visto cómo inclusive a muchachos menores de edad, que trataron en algún momento de salir de la organización, los han amenazado de muerte y a algunos de ellos los han matado”, agregó.
Sicarios profesionales
El fiscal adjunto reveló la existencia en el país de otro tipo de sicarios, más profesionalizados y con experiencia, que son contratados para homicidios de personas de alto perfil que no pueden quedar en manos de jóvenes sin pericia, y por los cuales se llega a pagar varios millones de colones.
Uno de los casos más recordados es el homicidio de Erwin Guido Toruño, conocido como El Gringo, líder narco asesinado el 16 de diciembre del 2017 de varias puñaladas en un automóvil que lo llevó de Grecia al Bajo de los Ledezma, donde tiraron su cuerpo, entre la Uruca y Pavas de San José. Un año después, trascendió que los sicarios habrían recibido ¢100 millones por la ejecución.
Más recientemente, la Fiscalía señaló que un hombre de apellidos Herrera Herrera le habría pagado ¢3 millones a dos sicarios por un ataque cometido en junio del 2023. En la acción murió Eliecer Torres León, conocido como Tingo, y resultó herida de gravedad su pareja, la tiktoker Marisol Gómez.
Estos sicarios profesionales operan, en ocasiones, a través de agencias que prestan sus servicios a los grupos narco.
Tal es el caso de una agencia de sicarios que fue desmantelada el 30 de abril del 2024, tras nueve allanamientos y ocho arrestos realizados en San José, Heredia y Limón. Las autoridades atribuyeron a esta organización al menos cuatro homicidios.
En aquel momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que a la agencia acudían líderes de bandas interesados en eliminar a un objetivo específico de un grupo rival, pero que preferían no participar directamente en el acto violento. Por ello, optaban por contactar a los contratistas.
Otro caso es el de la banda de Tony Peña Russell, acusado por el Ministerio Público de integrar una organización dedicada al sicariato. El grupo está vinculado a ocho homicidios y 18 tentativas de asesinato, así como disputas por territorios de venta de drogas y al uso de armas de grueso calibre, como fusiles AK-47.
“Normalmente, ahí ya estamos hablando de organizaciones donde las funciones están mejor distribuidas. Tienen lo que podríamos llamar procedimientos para hacer labores de inteligencia, vigilancia, darle seguimiento a sus víctimas”, explicó Boraschi.
Indicó que hay organizaciones que prefieren tercerizar el sicariato para evitar que haya asesinos dentro de la banda que, con el paso del tiempo, conozcan su operación, adquieran poder y se conviertan en un peligro para el mismo líder.
