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Una resolución de la Dirección de Migración y Extranjería, publicada en La Gaceta el pasado 18 de febrero, autorizó el ingreso y permanencia de las personas extranjeras que sean deportadas desde los Estados Unidos en territorio costarricense con el objetivo de que continúen su viaje hacia sus países de origen.
Según consta en el documento, se trata de un permiso temporal de 30 días, prorrogable en casos específicos. El director general de Migración, Omer Badilla, detalló que las prórrogas “no son plazos perpetuos”; no obstante, no brindó el tiempo exacto que podrían extenderse.
El texto no puntualiza el número de personas que ingresarán al país con dicho consentimiento, pese a que, ante consultas, las autoridades migratorias sostienen que 200 fue el número acordado entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y las altas autoridades estadounidenses.
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La estadía de los deportados en un centro temporal de atención a migrantes está estipulada en la directriz; sin embargo, no especifica las condiciones de tránsito de los migrantes una vez en el sitio.
El presidente Chaves, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguran que la estancia de estas personas podrían prolongarse hasta seis semanas.
La resolución emitida por Migración levanta dudas sobre el marco legal en el que estas personas llegaron y permanecen en el país. Así lo afirmó la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, a la Revista Dominical.
“No nos queda 100% claro si es que se está generando una figura sui generis que aplica única y exclusivamente a este grupo de personas que entran en el marco de las deportaciones en Estados Unidos y si esta figura realmente se ajusta al ordenamiento jurídico costarricense”, explicó Cruickshank.
La defensora sostiene que, por parte de Migración tampoco hay claridad respecto a los procedimientos a seguir, e incluso asegura que Costa Rica no puede regresar migrantes a países en conflicto donde pueden correr peligro.
Aunque por el momento, según las autoridades, nadie ha manifestado resistencia para regresar a sus territorios, en caso de que así sea, la jerarca afirma que el Estado tendría que determinar de qué forma gestionar su situación migratoria.
Alfonso Chacón, abogado especialista en derechos humanos concuerda con que la situación es atípica. En materia de derechos humanos, explica, hay conocimiento por parte de los Estados de que las personas transitan entre territorios y se les otorgan salvoconductos para que puedan llegar a terceros países, pero el envío de migrantes desde Estados Unidos, asegura, supone un reto para el derecho internacional.
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“Es sumamente sui generis porque es traer ciudadanos de terceros países asiáticos con los cuales Costa Rica no ha establecido ningún acuerdo, ningún convenio, y que son traídos por un tercer país, Estados Unidos, a otro país diferente, que sería el receptor, Costa Rica”, aseguró Chacón.
Esto, de acuerdo con Carlos Sandoval, doctor en Estudios Culturales y experto en migraciones forzadas en Centroamérica, no está previsto en la Ley de Migración. “Es un uso absolutamente discrecional de facultades del Estado costarricense que no están amparadas a ninguna normativa”, dice.
En términos de la legislación migratoria, explica que se puede ingresar en condición de turista, solicitante de residencia, refugio, apátrida y otras modalidades; empero, en este caso el objetivo de estas personas no es quedarse en Costa Rica, sino estar en tránsito no solicitado por ellas mismas. “El Estado costarricense se está autoatribuyendo competencias que no tiene y, que por lo tanto, son sancionables”, afirmó.
La entrada de los migrantes puso en duda los detalles del asidero legal en el que ingresaron. Ante este escenario, los diputados de la República convocaron a una audiencia ante la comisión de Derechos Humanos al director general de Migración, el canciller de la República Arnoldo André Tinoco, y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Andrés Celis.
La sesión estaba prevista para el 25 de febrero, pero fue cancelada.
