EscucharEl ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, protestó este martes por el uso del término “megacárcel” para referirse al nuevo centro penitenciario que planea construir el gobierno del presidente Rodrigo Chaves. El proyecto tiene un costo estimado de $35 millones y se ubicará en un terreno aún no revelado.
Campos rechazó el uso del calificativo durante una consulta planteada por el diputado Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, sobre el valor aproximado de la prisión.
“Yo no hablé de megacárcel y yo no sé de donde sale ese término. Yo dije que el costo estimado, según el equipo técnico, va a rondar los $35 millones”, expresó.
García preguntó al jerarca adonde se construiría el nuevo centro, pero Campos reiteró que no darán a conocer la información por un “asunto de seguridad” y hasta que no se hayan efectuado todos los análisis correspondientes.
“Sería muy imprudente ocasionar un caos, y en este momento hay funcionarios —incluida mi persona— que, por indicación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), estamos amenazados de muerte“, agregó.
Ante estas declaraciones, la diputada Vanessa Castro, del PUSC, le expresó su comprensión ministro, al señalar que varios integrantes del Congreso también han recibido amenazas de la misma índole.
“Sí, igualmente hay muchos diputados que han recibido amenaza de muerte, eso lo comprendemos, incluyéndome yo. Así que, no es exclusividad de ustedes el tema”, externó la socialcristiana.
Agregó que entendía la advertencia hecha, sobre el tema de seguridad, pero recordó que el proyecto requiere del uso de recursos públicos y eso significa que hay aspectos de la propuesta que deben ser conocidos.
“No estamos hablando de los temas estratégicos, todos sabemos que no se pueden divulgar, pero evidentemente los temas de infraestructura, de gastos, cantidad de personal que se va a requerir, y cosas por el estilo, sí son cosas lógicas, porque no estamos hablando de dineros privados, sino de dineros públicos. Entonces, hay que dar cuentas de todo esto”, apuntó la legisladora.
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Por su parte, el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), lamentó que el país haya llegado a una situación en la que el ministro de Justicia deba limitarse de revelar determinada información, por las amenazas en contra de su vida.
Feinzaig dijo que se encontraba dentro del grupo de diputados que ha recibido amenazas de muerte y responsabilizó al presidente Rodrigo Chaves por esta situación.
“Esto no se produce en el vacío, ministro. Esto se produce en un entorno, donde hay, desde el gobierno, un esfuerzo por provocar un clima de polarización, de división, de ataque a todo el que no está conmigo y el que no está conmigo está contra mí.
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“Lamentablemente, la gente cuando oye que, por ejemplo, el presidente de la República se refiere a personas de la forma en que se refiere, sienten que ellos también están autorizados a referirse así a la gente”, manifesó el diputado liberal.
Según Gerald Campos, el nuevo centro penal albergaría a uno 5.100 privados de libertad, principalmente aquellas personas que están “en mayor conflicto con la ley”, debido a su vínculo con el crimen organizado.
