Escuchar
La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, tomó una decisión este lunes sobre el proceso contra Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual, y así se lo anunció a los jefes de las diferentes fracciones políticas, primero, y luego al plenario.
En una reunión que se prolongó por aproximadamente media hora, la jerarca les reveló a los voceros partidarios que este martes entregará a los nuevos legisladores los tres informes de la comisión que investigó la denuncia por presunto abuso sexual.
Además, indicó que el próximo jueves emitirá una resolución de la presidencia legislativa sobre la fecha designada para el conocimiento de esos informes en el plenario.
De forma extraoficial, La Nación supo que la fecha propuesta para esa discusión sería el próximo lunes 18 de mayo.
Dos de los tres informes emitidos por la comisión especial que investigó el presunto hostigamiento sexual recomiendan imponer a Alvarado una amonestación ética pública.
Uno de los informes, firmado por la exdiputada independiente Johana Obando, detallaba una serie de comportamientos que tuvo Alvarado hacia la exdiputada Marulin Azofeifa, durante un lapso de casi ocho años.
Ante la decisión de Jiménez respecto del proceso sobre presunto hostigamiento, los diferentes jefes del autodenominado bloque democrático le agradecieron a la presidencia, pero también le pidieron claridad sobre los plazos del proceso.
En particular, el jefe del Frente Amplio (FA), José María Villalta, expresó sus dudas sobre el plazo máximo establecido para emitir una resolución final sobre el presunto hostigamiento porque, sumando los plazos del procedimiento, se tendría que resolver en un máximo de tres meses.
“Entendemos que hubo situaciones que impidieron que este expediente se resuelva, como el cambio de periodo legislativo, motivos razonables. Si no se cumplen los plazos, puede haber responsabilidad para quienes generen el incumplimiento, salvo que sea un motivo justificado. Me gustaría tener claro que el hecho de que no se vote hoy no genera nulidad”, dijo Villalta.
Los voceros de Liberación, Álvaro Ramírez; la Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, señalaron la importancia de finiquitar la discusión.
“Es muy importante, no solo por esta situación, sino también la señal hacia futuro, de que es intolerable la práctica del hostigamiento. Eso tiene que estar reflejado en una votación, el estándar ético con el que queremos trabajar”, dijo el liberacionista.
La socialcristiana enfatizó que un plenario con mayoría de mujeres debe enviar una señal de que no se va a permitir ni tolerar ni es aceptable, que ninguna mujer en ningún oficio, cargo público o privado, va a quedar desamparada.
Dobles añadió que es importante que el proceso resolutorio tiene que darse en el plenario legislativo, para mandar señales a todas las mujeres de que la Asamblea no va a tolerar ninguna situación de acoso o abuso sexual.
El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, dijo que la resolución del proceso sobre presunto hostigamiento es de la mayor importancia, pero indicó que debe estudiarse si la reglamentación efectivamente protege a las víctimas.
“Tenemos que conversar sobre las consecuencias de esta decisión, si es un discurso político y se plantea como una lucha por defender algo que no cumple con los objetivos de la reglamentación, flaco favor le hacemos a las víctimas de acoso sexual. Yo celebro la decisión que usted ha tomado, que nos va a dar a todos claridad sobre cómo actuar a futuro”, dijo Acosta.
