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Yara Jiménez, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la presidencia de la Asamblea Legislativa, aseguró que investigará denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos dentro del Congreso, y advirtió que esas eventuales ilegalidades “no serán negociables”.
“Me han hecho los comentarios. Yo, como abogada, tengo primero que ver las pruebas, ver la documentación para poder hacer una valoración jurídica adecuada. Evidentemente, voy a sentarme a ver cada uno de los temas, horas extras, el tema de los viajes”, manifestó la diputada electa en el programa radiofónico Nuestra Voz.
Indicó que, según le han comentado, a estas alturas se ha consumido más de un 50% de los viáticos. Al respecto, señaló que espera que la situación no sea cierta, ya que “sería cuestionable”.
Según la legisladora, a su llegada el próximo 1.° de mayo, solicitará los expedientes correspondientes y revisará cada una de las denuncias. Enfatizó que, en caso de confirmarse irregularidades como ilegalidades, abusos o mal uso de fondos públicos, no habrá margen de negociación.
“Hay cosas que no son negociables. Cuando usted ya identifica una ilegalidad, cuando usted identifica un abuso, cuando usted identifica un mal manejo de los fondos públicos (...), eso sí no es negociable”, afirmó.
Jiménez, quien posiblemente se convertirá en la próxima presidenta del Congreso, insistió en que los recursos públicos deben ser resguardados con rigor, al tratarse de fondos que pertenecen a los costarricenses.
Subrayó que el control administrativo dentro del Congreso es una función clave del Directorio Legislativo, distinta del trabajo de elaboración de leyes, pero igualmente relevante.
“Esa no es la parte de legislación, pero es fundamental, porque qué hace usted con legisladores que están generando proyectos de ley (...), pero la parte administrativa está mal y desordenada”, indicó.
El oficialismo, representado por Pueblo Soberano, cuenta con una mayoría absoluta de diputados en el nuevo Congreso, lo que le permitiría impulsar su candidata a la presidencia legislativa y definir la conformación de comisiones.
Regular el control político
Jiménez ha mencionado en otras ocaciones que, si de ella dependiera, limitaría la labor de control político que efectúan los diputados y, además, planteó limitar las comisiones investigadoras.
Señaló que, en los últimos años, algunas comisiones investigadoras han implicado un uso ineficiente de recursos públicos y del tiempo de los diputados.
Según indicó, este tipo de instancias han derivado en procesos que, en su criterio, no siempre han tenido fundamento y han generado cargas innecesarias tanto para legisladores como para jerarcas llamados a comparecer.
“Se ha llamado a comisiones de investigación, donde se hacen presuntos controles políticos que, en realidad, lo que han hecho es despilfarrar los recursos públicos y el tiempo de los diputados, y además el de todos los jerarcas que en su momento fuimos llamados para distintas investigaciones que, en algunos casos, como en el mío, no tenían fundamento”, indicó.
No obstante, Jiménez reconoció que las comisiones investigadoras forman parte de las herramientas establecidas en el reglamento legislativo y en el ordenamiento jurídico, por lo que no podrían eliminarse.
En ese sentido, planteó la necesidad de moderar su uso y orientar el trabajo legislativo hacia una agenda más enfocada en la aprobación de proyectos de ley.
LA diputada electa indicó que su eventual gestión al frente del Congreso buscaría priorizar el avance de iniciativas y la eficiencia en el uso del tiempo parlamentario. Su prioridad será impulsar cambios en el funcionamiento del Congreso y mejorar la calidad del debate legislativo.
