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La Universidad de Costa Rica (UCR) aplicará un período extraordinario denominado "paro activo" debido a la falta de acuerdos en la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2027. El movimiento se iniciará el 11 de mayo y finalizará el 4 de julio de 2026.
Carlos Araya Leandro, rector de la institución, emitió la resolución R-298-2026 para formalizar esta medida organizativa.
La propia resolución lo define como un periodo “orientado a la reflexión, el análisis crítico y la participación informada de la comunidad universitaria en relación con la situación del financiamiento de la educación superior pública”.
La administración universitaria tomó esta decisión tras concluir el proceso de negociación con el Gobierno de la República sin resultados satisfactorios. El Ejecutivo propuso no aumentar el FEES para el 2027, mientras los rectores pedían un incremento del 2,94%, es decir, más de ¢17.000 millones.
La rectoría justifica la medida por la posibilidad de que se apliquen criterios de redistribución de recursos que afectarían a la UCR. Según el documento, este escenario generaría una reducción de fondos que dañaría la capacidad operativa y funciones sustantivas de la institución.
¿Qué implica un paro activo?
Durante este lapso, las actividades sustantivas de docencia, investigación y acción social continuarán sin interrupciones. La resolución garantiza la permanencia de los servicios institucionales y las labores administrativas de forma regular.
Las unidades académicas y administrativas tienen la potestad de reorientar sus tareas temporalmente para incorporar espacios de análisis sobre la coyuntura nacional. Se promoverán foros, asambleas informativas y clases abiertas como parte de las acciones de reflexión colectiva.
La participación de funcionarios y estudiantes en estas actividades especiales será estrictamente voluntaria. El personal interesado debe gestionar los permisos respectivos y coordinar con sus jefaturas inmediatas para no afectar la prestación del servicio público.
El rector instruyó a las direcciones para que reprogramen actividades evaluativas si resulta necesario, sin perjudicar los derechos del estudiantado. Las unidades deberán informar oportunamente sobre cualquier ajuste que implementen en sus calendarios ordinarios.
La resolución aclara que esta medida no constituye una suspensión de labores ni el ejercicio del derecho de huelga. La institución fundamenta su decisión en la autonomía universitaria reconocida en el artículo 84 de la Constitución Política.
El posicionamiento de Araya surge en medio de la toma del edificio de la Rectoría de la UCR, en la sede universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro de Montes de Oca. Esa infraestructura fue tomada el pasado 22 de abril y desde entonces, el movimiento estudiantil exige la renuncia de Araya, según un pliego de condiciones.
Las negociaciones entre los universitarios y el rector continúan, según informaron las autoridades, aunque no han logrado un acuerdo.
