Escuchar
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó prueba de solvencia económica a 71 personas que realizaron contribuciones políticas a distintos partidos de cara a las elecciones nacionales de 2026, ya sea mediante certificados de cesión, donaciones o ambos mecanismos, como parte de los controles sobre el financiamiento electoral.
De acuerdo con el listado oficial del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, el monto total bajo investigación asciende a más de ¢1.386 millones
La revisión abarca aportes vinculados con al menos 12 partidos políticos, entre ellos Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP), Pueblo Soberano (PPSO), Avanza, Unidad Social Cristiana (PUSC) y otras agrupaciones.
En general, los oficios se envían a quienes reportan aportes superiores a los $10.000 (¢5,2 millones aproximadamente). En los casos en que el monto es menor, el requerimiento responde a seguimientos derivados del monitoreo que realiza el TSE.
El listado incluye casos con montos que van desde menos de ¢1 millón hasta aportes que superan los ¢90 millones por persona.
Empresario invirtió más de ¢272 millones en el PLP
El monto más alto corresponde al empresario del sector automotor Francisco Javier Quirós Ramos de Anaya, vinculado al Partido Liberal Progresista, a quien se le solicitó justificar recursos por ₡272.919.000, tanto en certificados de cesión como en donaciones.
Esta no es la primera vez que Quirós financia la campaña del excandidato presidencial Eliécer Feinzaig. En el 2022, adquirió certificados clase A y B valorados en casi ¢596 millones.
También figuran aportes elevados asociados al partido chavista Pueblo Soberano, con 39 personas requeridas para justificar montos que oscilan entre los ¢5 millones y los ¢90,3 millones.
Dentro de la lista se encuentra Teresa Morales Mora, una estilista en Quepos que adquirió 15 bonos de ¢1 millón cada uno.
En registros de acceso público de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Morales Mora figura como patrono del Salón de Belleza & Spa Kiros, en Quepos. En dicha plataforma, la mujer reporta ingresos mensuales de entre ¢550.000 y ¢575.000.
En este mismo caso se incluye a su hija, Noemi María Chacón Morales.
“Este Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos solicitó información a las señoras Teresa María del Carmen Morales Mora y Noemi María Chacón Morales sobre el origen y trazado de los recursos empleados para adquirir 15 certificados de cesión de la contribución estatal para estas elecciones nacionales de 2026 al partido Pueblo Soberano, por un total de ¢15.000.000 (quince millones de colones exactos) y las actividades económicas que habrían permitido la generación de los medios suficientes para su compra”, explicó Ronald Chacón, director de dicho departamento del TSE.
Padre del excandidato presidencial del PLN en la lista
En el caso de Liberación Nacional (PLN), el TSE solicitó prueba de solvencia a varias personas por montos que superan en algunos casos los ¢27 millones, entre ellas se encuentra Álvaro Ramos Rechnitz, padre del excandidato presidencial de la agrupación política, Álvaro Ramos, quien aportó ¢15.185.850
Otras donaciones
Otras agrupaciones políticas incluidas en el listado son Avanza, Centro Democrático y Social, Coalición Agenda Ciudadana, Justicia Social Costarricense, Progreso Social Democrático, Unidos Podemos, Unión Costarricense Democrática y la Unidad Social Cristiana, con montos individuales que, en la mayoría de los casos, se ubican entre los ¢5 millones y los ¢25 millones.
Dentro de la lista figuran dos excandidatos presidenciales: Ana Virginia Calzada del partido Centro Democrático y Social y Boris Molina Acevedo del partido Unión Costarricense Democrática. Ambos aportaron entre ¢7,6 y ¢15,5 a sus respectivas campañas políticas.
Además, Jorge Díaz, padre de la excandidata por el partido Unidos Podemos, Natalia Díaz, debe comprobar su solvencia económica. Él aportó ¢5,1 millones en certificados de cesión para la campaña de dicha agrupación política.
El análisis de esta información permitirá al TSE determinar si los recursos utilizados cumplen con los requisitos legales.
De acuerdo con el TSE, estas gestiones no forman parte de una investigación abierta, sino que corresponden a las tareas habituales de fiscalización que, por ley, debe realizar este órgano técnico. Estas labores se basan en lo establecido en el Código Electoral y en el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos, y buscan asegurar, de manera razonable, el cumplimiento de las normas, controles y prohibiciones que regulan el financiamiento de las agrupaciones políticas.
