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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó este jueves al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) abstenerse de cambiar el modelo de adjudicación y asignación de frecuencias de televisión hasta después de las elecciones nacionales de febrero de 2026.
Mediante la resolución n.° 3070-E7-2025, dictada este 7 de mayo, el órgano electoral advirtió que cualquier variación en ese esquema podría provocar que varias televisoras dejen de operar o enfrenten condiciones significativamente distintas, lo cual “desmejoraría el acceso de las y los electores a información de trascendencia político-electoral”.
El pronunciamiento del TSE se produce tras una gestión de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel), similar a una consulta presentada previamente por la Cámara Nacional de Radio (Canara), ambas en reacción a iniciativas del Poder Ejecutivo para modificar el uso del espectro electromagnético.
Según las magistradas y magistrados electorales, tanto Canartel como Canara buscan impedir que se altere el modelo vigente de asignación de frecuencias en señal abierta, al considerar que esos cambios podrían perjudicar el pluralismo informativo y, con ello, el ejercicio del sufragio.
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El TSE verificó que ambas solicitudes se basan en hechos idénticos y persiguen los mismos fines.
En caso de no cumplirse lo dispuesto y ante la eventualidad de que un desacato lesione el derecho de acceso a la información político-electoral de la ciudadanía, se generaría responsabilidad institucional y personal para la ministra, Paula Bogantes.
Con base en el Artículo 3 del Código Electoral, que establece que las opiniones consultivas del Tribunal son vinculantes para todos (erga omnes), el órgano aplicó el principio de extensión de jurisprudencia a terceros —previsto en el Código Procesal Contencioso Administrativo— para hacer extensivo a las televisoras lo ya resuelto sobre las radioemisoras.
En la resolución previa n.° 2267-E8-2025, el TSE había concluido que el acceso a información veraz y diversa es esencial para el derecho al voto, y recordó que los partidos políticos necesitan múltiples plataformas para comunicar sus propuestas.
A inicios de abril, el presidente Rodrigo Chaves amenazó con un apagón de radio y televisión si para el próximo mes de setiembre los diputados no han aprobado un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca modificar el cálculo del monto que deben pagar las concesionarias por el impuesto anual de radiodifusión.
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El mandatario alegó que no extenderá la prórroga de 15 meses que Zapote había concedido, en junio del 2024, para la vigencia de las concesiones, las cuales vencieron el 28 de junio.
El Tribunal ya había hecho una advertencia similar al Micitt en 2017, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, al señalar que el proceso de transición a la televisión digital no debía dejar a la ciudadanía sin acceso gratuito a la señal televisiva.
En esta nueva resolución, el TSE también reiteró que su competencia se limita a los aspectos que incidan directa o indirectamente en las condiciones del sufragio.
Por ello, aclaró que no se pronuncia sobre la validez jurídica ni sobre la conveniencia de los cambios propuestos, los cuales pueden continuar su trámite administrativo. Sin embargo, su entrada en vigor deberá esperar hasta después de la declaratoria de elección.
