Aunque la oficina de prensa del Micitt había convocado a todos los medios para una conferencia este viernes, a las 9 a. m., con Bogantes como vocera, la encargada de prensa, Eysel Chacón, anunció la cancelación, a las 9:37 a. m.
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Chacón aseguró a los medios que estaban presentes en el edificio Mira, en Zapote, que la conferencia se suspendía y que se trasladaba para el próximo miércoles, como parte del programa semanal de la Casa Presidencial, previo al Consejo de Gobierno.
Este jueves, el TSE le prohibió al Micitt apagar las frecuencias de radio durante el proceso electoral 2026, para impedir que se afecte el derecho de los costarricenses a un voto informado y para evitar la reducción de los medios a los que tendrían acceso los partidos políticos para difundir sus ideas.
Por la tarde, ese ministerio compartió al menos dos veces un comunicado de prensa, que borró en cada una de las dos ocasiones, y donde trataron de suavizar la orden del Tribunal Supremo, alegando que la decisión de los magistrados era una solicitud y no una orden.
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En la conferencia del miércoles 2 de abril en la Casa Presidencial, el presidente Rodrigo Chaves amenazó con un apagón de radio y televisión si los diputados no aprueban, antes de setiembre, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para modificar el cálculo del monto que deben pagar las concesionarias por el impuesto anual de radiodifusión.
El pronunciamiento del Micitt también aseguraba erróneamente que el TSE había respaldado el plan del Poder Ejecutivo para apagar las frecuencias de radio y televisión.
En la conferencia cancelada iban a participar, junto con Paula Bogantes, el viceministro de Telecomunicaciones, Hubert Vargas, y el director de Concesiones y Normas en Telecomunicaciones, Freddy Artavia.
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La Nación dio a conocer este jueves que, en un oficio enviado al TSE en enero, Hubert Vargas se comprometió a no apagar las frecuencias de radio y TV, y confirmó que era necesario extender las concesiones por un periodo adicional a los 15 meses que ya el gobierno había ampliado en junio del 2024 y que vence en setiembre próximo.
Vargas reconoció en su carta que esa extensión es necesaria para garantizar el derecho al voto informado. Incluso, el viceministro manifestó que el Gobierno de la República tiene un compromiso con el fortalecimiento del sistema democrático, la libre información y la transparencia del proceso electoral.
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