Miranda había solicitado al Tribunal dictar una medida cautelar que suspendiera de inmediato el acuerdo adoptado por la mayoría de regidores josefinos el pasado 24 de febrero, mediante el cual se dispuso separarlo del cargo por un plazo de 15 días naturales.
Sin embargo, la gestión fue denegada por el juez Alcevith Godínez Prado, en una resolución emitida este jueves 5 de marzo, quien señaló que la decisión tenía como fin “contar con mayores elementos de juicio que sirvan de fundamento en la resolución de fondo”. Asimismo, calificó como “prematura”, la gestión del gobernante local.
Tras analizar la documentación aportada por Miranda, el juez determinó que esta “no es suficiente para concretar la urgencia en cuanto a la afectación que le esté causando el procedimiento que se está llevando a cabo, en relación con el acuerdo N.º 23 de la sesión ordinaria N.º 77”.
Ante este panorama, el tribunal otorgó un plazo de tres días al Concejo Municipal para que se presente a audiencia y se pronuncie sobre la denuncia interpuesta por el alcalde contra la decisión de apartarlo del cargo.
Godínez aclaró que esta resolución no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de la medida cautelar. El documento también detalla que la solicitud presentada por el jerarca municipal no corresponde a una nueva petición cautelar, sino a “un análisis de cambio de circunstancias” respecto a una medida cautelar que ese mismo tribunal ya había resuelto el pasado 24 de febrero.
La Nación solicitó una reacción al alcalde Miranda; sin embargo, al cierre de esta publicación no se había recibido respuesta.
¿Por qué fue suspendido Miranda?
Según publicó informó este medio el 21 de febrero de 2025, Miranda habría solicitado declarar desierta una licitación mayor para la compra de 16 vehículos eléctricos, pese a que esta ya había sido adjudicada, desde enero de 2024, a la empresa Cori Motors de Centroamérica S. A.
De acuerdo con un informe preliminar de Auditoría, el jerarca realizó esta gestión sin respaldo de criterios técnicos, financieros o legales, alegando que era “prioritario fortalecer la maquinaria operativa para mejorar la atención a las necesidades del cantón”.
El pasado 21 de octubre de 2025, la mayoría de regidores había decidido suspender al alcalde; no obstante, la medida no fue ejecutada en ese momento. El tema volvió a discutirse en la sesión del pasado 24 de febrero, cuando ocho regidores votaron a favor de ejecutar la sanción, mientras tres se pronunciaron en contra.
El acuerdo quedó en firme la noche del 3 de marzo, tras una segunda votación. Un día después, la Secretaría del Concejo Municipal de San José notificó al alcalde; a Yariela Quirós, vicealcaldesa primera; y a Allan Vásquez, director de Talento Humano, para que se procediera con la ejecución inmediata de la sanción.
Miranda ha señalado que desafiará la medida y que continuará presentándose a la Municipalidad “a seguir cumpliendo con el trabajo que me confió el pueblo de San José”.
El alcalde también ha sostenido que la sanción dictada por el Concejo Municipal es improcedente, a la que ha calificado como “injusta y contraria a la ley”. Incluso, ha afirmado que los regidores que votaron a favor de suspenderlo habrían incurrido, a su criterio, en un presunto delito de prevaricato.
