La Sala Constitucional, por mayoría, rechazó analizar el veto al proyecto que permitiría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizar allanamientos las 24 horas, debido a errores de procedimiento por parte de la Asamblea Legislativa.
Según explicó, lo procedente cuando se está ante un veto por parte del Poder Ejecutivo, por razones de inconstitucionalidad, es que la Asamblea Legislativa analice los razonamientos expuestos y que, en caso de no estar de acuerdo, remita el asunto a la Sala para que esta resuelva el conflicto.
“A pesar de lo anterior, en el caso concreto, la Asamblea Legislativa procedió a resellar el proyecto vetado por razones de inconstitucionalidad y luego remitir el asunto a este Tribunal, lo que resultaba improcedente conforme el procedimiento previsto”, añadió la Sala en un comunicado de prensa.
Los diputados también incurrieron en “vicio invalidante del procedimiento parlamentario”, al conocer el veto en la segunda parte de la sesión del plenario legislativo, entre primeros y segundos debates, y “no en el Capítulo de Régimen Interno, como establece el Reglamento del Parlamento”.
La Sala indicó que no se pronunciará respecto a la controversia jurídica “hasta tanto no se enderecen los procedimientos por parte de la propia Asamblea Legislativa”, si esta decidiera rechazar las razones invocadas por el Poder Ejecutivo para impedir la entrada en rigor de la reforma de ley.
El magistrado Paul Rueda salvó el voto y dispuso que se diera curso al proceso.
La diputada liberacionista Montserrat Ruiz, proponente del proyecto, afirmó que respeta la decisión de la Sala Constitucional.
“Esto no quiere decir que el expediente ya no podrá seguir su curso y convertirse en ley. Lo que se ha dispuesto es devolverlo a la Asamblea Legislativa para corregir estos errores”.
“Desde ya nos encontramos en coordinación con la presidencia del Congreso para lo que corresponda”, añadió la legisladora.
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El pasado 9 de setiembre, un total de 43 legisladores votaron a favor de resellar el expediente legislativo 24.495 de la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), incluidos seis de gobierno.
Ruiz impulsó la iniciativa para eliminar la restricción actual que solo permite hacer allanamientos entre las 6 a. m. y las 6 p. m., salvo en casos excepcionales (artículo 193 del Código Procesal Penal).
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No obstante, la propuesta de ley fue vetada en su totalidad por el presidente Rodrigo Chaves, bajo el alegato de que la reforma “afecta el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, así como a otros principios constitucionales”.
El mandatario también criticó que el texto dispusiera que “deberá dejarse constancia de la situación de urgencia en la resolución que acuerda el allanamiento”, pues, a su juicio, el espíritu de la reforma es que la autorización sea general, pero que al final se estableció una condición particular, lo que, en su opinión, contradice el resto de la propuesta.
Los diputados de la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa eliminaron la redacción cuestionada, con apoyo del subjefe de la bancada oficialista, Daniel Vargas y el diputado Jorge Rojas, ambos del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).