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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, planteó ante la Sala Constitucional un conflicto de competencias contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por extender a las redes sociales la prohibición de difundir información o mensajes que exalten atributos o logros del gobierno durante la campaña electoral.
Así lo anunció la tarde este miércoles en conferencia de prensa junto con el jefe de la Asesoría Legal de la Casa Presidencial, Eduardo Mora.
“Hemos solicitado a la Sala Constitucional el planteamiento de un conflicto entre estas dos competencias: las que tiene el TSE el artículo 102 de la Constitución (electorales) y las que tenemos nosotros que cumplir nosotros forzosamente en el artículo 11 (rendición de cuentas)”, dijo Mora.
“Hay una obligación establecida en el artículo 11 de la Constitución Política de rendirle cuentas a los ciudadanos por todos los medios posibles”, agregó el abogado de Casa Presidencial.
Según Mora, esa disposición se creó posteriormente a las competencias del TSE, pero aducen que el órgano electoral ignoró esa disposición constitucional.
Una resolución tomada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en junio pasado, estableció que el artículo 142 del Código Electoral implica una prohibición de publicidad no solo en medios tradicionales, pagada, sino también de publicaciones y transmisiones por las plataformas digitales y redes sociales de todas las instituciones públicas.
Esto hizo que, desde hace varios meses, el presidente lanzara una campaña contra lo que calificó como una mordaza de parte del órgano electoral y más tarde con una campaña en redes sociales.
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Críticas
El presidente Chaves cuestionó al TSE durante la conferencia de este miércoles: “El Tribunal tiene una bronca con el gobierno del tamaño de la catedral. Esa bronca tiene acciones totalmente ilegítimas: una es la mordaza y otra el temita de la beligerancia política y pedir que me levante la inmunidad”, dijo el presidente Rodrigo Chaves.
“La gran pregunta es si la Sala IV (Sala Constitucional) le va a ceder el terreno constitucional, porque por razones politiqueras va a dejar que el TSE se brinque de manera vergonzosa el artículo 11 constitucional o le va a decir al TSE tiene razón el Gobierno”, agregó Chaves.
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El procedimiento de esta gestión está definido por la Ley de la Jurisdicción Constitucional en donde se prevé la posibilidad de que la Sala defina las competencias de cada órgano constitucional.
La Sala antes deberá dar al TSE tendrá una audiencia de ocho días para referirse; tras eso, la Sala tendrá 10 días para resolver, salvo que considere indispensable practicar alguna prueba
