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Rafael González, regidor y presidente del Concejo Municipal de San José, señaló que cinco instituciones públicas se retiraron en forma simultánea del Festival de la Luz, lo que en su criterio evidencia una instrumentalización por parte del gobierno en contra de la actividad.
González explicó a La Nación que las comunicaciones llegaron en un periodo corto y que, según le dijo el alcalde Diego Miranda, algunas entidades informaron de su salida por vías informales después de que al menos dos habían confirmado su participación.
En su cuenta de Facebook, el presidente municipal desistieron de participar la Junta de Protección Social (JPS), el Banco Popular, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica (BCR) y Kölbi.
“Cinco salidas simultáneas después de años de participación no deberían de interpretarse como una simple coincidencia administrativa. En esta situación, según mi criterio, pareciera haber un patrón político que merece explicaciones. Si el chavismo decidió boicotear el Festival, que lo diga de frente”, señaló.
El regidor vinculó las salidas con las diferencias recientes entre la Alcaldía de San José y el Poder Ejecutivo.
“Desde mi punto de vista, una instrumentalización de las instituciones que no debería ser y ese es el cuestionamiento que le hago al Gobierno. Me parece que ellos deberían decir si existe o no esa intención”, expresó el jerarca.
Además, aseguró que consultó al alcalde si las renuncias ocurrieron antes o después del video en que el alcalde cuestionó la exclusión del municipio de la mesa de trabajo sobre habitantes de calle. Según González, Miranda le respondió que ocurrieron después.
Para el regidor, algunas instituciones justificaron su retiro con criterios técnicos y con la intención de extender sus actividades de fin de año a otras comunidades. A su juicio, esas explicaciones no despejan las dudas.
Diferencias por atención de habitantes de calle
Los cuestionamientos surgen en medio de una disputa reciente entre la Municipalidad de San José y el Gobierno. El 10 de agosto, Miranda envió una carta a la presidenta de la República, Laura Fernández, para solicitar la intervención del Ejecutivo ante el aumento de personas habitantes de calle en la capital.
Posteriormente, el Ejecutivo presentó una estrategia para atender a esta población con participación de varias instituciones. Entre ellas figuró la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).
Miranda cuestionó después que la Municipalidad de San José quedara fuera de la mesa de trabajo, pese a que el proyecto piloto se desarrollará en el distrito de Merced, en el cantón central de San José.
El 21 de agosto, Fernández, dijo que no concederá una audiencia a Miranda, debido a que le corresponde resolver un proceso sancionatorio relacionado con el jerarca capitalino.
El regidor consideró que la situación responde a un deterioro en la relación entre Miranda y el gobierno. Según explicó, los distintos episodios forman parte de un mismo contexto, pues el alcalde le manifestó que en los últimos meses hubo proyectos y actividades en los que disminuyó la colaboración y la comunicación con el Ejecutivo.
Por otro lado, el presidente del Concejo Municipal aseguró que ese órgano mantiene disposición para trabajar con el gobierno, pues ambas administraciones cuentan con recursos que podrían utilizarse de forma coordinada para atender problemas de la capital.
