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El alcalde de San José, Diego Miranda, envió una carta a la presidenta de la República, Laura Fernández, para solicitar la intervención del Gobierno ante el aumento de personas habitantes de calle en la capital y advertir que las municipalidades no pueden continuar enfrentando solas esta problemática.
Miranda compartió un video en redes sociales donde da a conocer el contenido de la carta. En el video, narra que unas 2.300 personas viven actualmente en las calles de San José y sostiene que la cantidad de personas en esa condición se triplicó en el país durante la última década, al pasar de poco más de 2.000 a más de 6.000, según cifras que expone en el documento.
Miranda utilizó esas cifras para pedir a Fernández una respuesta del Poder Ejecutivo y cuestionar la atención que las instituciones nacionales han dado al fenómeno.
“Los ministerios, las instituciones autónomas y órganos desconcentrados del gobierno central han ignorado la creciente problemática durante mucho tiempo, dejando el problema a los gobiernos locales que no tienen ni competencia, ni presupuesto, ni herramientas para atender el tema”, afirmó.
Según el alcalde, la Municipalidad de San José destina más de ¢2.000 millones anuales a servicios relacionados con esta población, entre ellos atención directa, así como un aumento de los servicios ordinarios de limpieza, recolección y seguridad.
No obstante, aseguró que el gobierno local llegó a un punto en el que necesita la participación de otras instituciones.
“Hemos llegado a un punto en el que resulta imposible seguir enfrentando solos esta problemática. Necesitamos al Gobierno de la República, necesitamos un Poder Ejecutivo que ponga a trabajar a todas sus instituciones”, manifestó Miranda en la carta.
El alcalde indicó que ha solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con Fernández para abordar el tema.
“Le escribo con respeto, pero también con urgencia. No lo hago en nombre de intereses políticos ni para generar titulares. Lo hago en nombre de miles de costarricenses que sienten que ya no pueden esperar más”, manifestó.
Miranda sostuvo que la respuesta debe atender tanto a quienes viven en las calles y necesitan opciones para reconstruir sus vidas como a las comunidades afectadas por la problemática.
Alcalde plantea tres propuestas a Laura Fernández
Miranda planteó a la presidenta tres acciones concretas para abordar el problema.
La primera es crear una mesa de trabajo con todas las instituciones responsables, en la que se definan tareas, responsabilidades y presupuestos para desarrollar un modelo de atención integral. El alcalde aseguró que la Municipalidad de San José ya cuenta con una propuesta que podría servir para elaborar el plan.
Como segunda medida, propuso impulsar la aprobación de un proyecto de ley que otorgue herramientas a las instituciones responsables de atender y custodiar a esta población. Miranda afirmó que ya conversó con las tres fracciones más grandes de la Asamblea Legislativa y que existe consenso sobre la necesidad de avanzar.
La tercera propuesta consiste en establecer un seguimiento permanente desde el Consejo Social ligado a la Presidencia.
Miranda advierte sobre consumo de drogas
Otro de los argumentos planteados en la carta es la relación que, según Miranda, existe entre parte de esta población y el mercado de drogas en la capital.
El alcalde estima que una economía informal relacionada con el narcotráfico y el consumo de drogas entre habitantes de calle podría mover más de ¢420 millones al mes y alrededor de ¢5.000 millones al año en San José.
Miranda basó su estimación en un consumo de entre cinco y diez dosis diarias de crack por parte de una persona con adicción y en la cantidad de personas que viven en las calles de la capital.
El jerarca municipal también mencionó problemas de salud mental, contaminación, ocupación de propiedades y deterioro de espacios públicos entre las consecuencias que, a su criterio, hacen necesaria una respuesta interinstitucional.
Esta problemática ha quedado expuesta en sectores de la capital donde viviendas abandonadas son utilizadas como búnkeres para el consumo y distribución de estupefacientes.
En un recorrido reciente de La Nación, una mujer de 32 años relató que vive desde hace unos ocho meses en una estructura en ruinas utilizada por un grupo criminal para vender droga, donde permanece en medio de su propia adicción al crack.
La mujer aseguró que llegó a esa situación por una deuda de ¢350.000 que su pareja mantenía con el grupo que controla la venta de drogas en la zona. Según relató, después de que el hombre huyera, ella quedó respondiendo por el dinero y los integrantes de la organización la obligaron a vender droga desde el inmueble. “Yo no quiero vender droga (...) Esta gente es mala”, manifestó.
Este año, la Municipalidad de San José prevé la demolición de 12 viviendas en abandono en el cantón Central. De acuerdo con el director de la Policía Municipal, esta es la única estrategia que ha sido efectiva para evitar que, una vez intervenidos estos sitios, las personas vuelvan a aglomerarse dentro de ellos.
Desde el 17 de julio, La Nación ha enviado consultas a la alcaldía capitalina sobre este tema, pero al cierre de este artículo no ha habido respuestas.
