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Hace aproximadamente ocho meses, una vecina del sur de San José, de 32 años, llegó a su nueva casa.
No tiene puertas ni ventanas. Se ubica en una alameda de un barrio capitalino y tampoco tiene techo. El inmueble está en ruinas, inundado de basura e incluso de excremento humano de quienes deciden llegar a pasar el día o la noche allí. El olor es nauseabundo.
Nunca había vivido en estas condiciones y así lo reconoció entre lágrimas, de pie frente a esta estructura decadente, poco después de contar que justo acababa de tomar una ducha improvisada. Explicó que con una pequeña manguera recolectaba algo de agua en un envase y así lograba lavarse el cabello en un pequeño espacio visible desde la acera.
Señaló ese tubo al que se refería, pero descansa sobre un charco estancado y está enterrado entre los desechos, así que no es posible ver de dónde se abastece.
Su cuerpo es frágil y delgado, pero sus ojos claros aún mantienen el brillo y se arquean cuando se ríe. A su corta edad, ya ha perdido la mayoría de su dentadura, pero sonríe al escuchar un cumplido sobre el perfume que emanaba de su cabellera aquella mañana. De inmediato, cuenta que tiene algunos implementos de limpieza, los cuales resguarda entre colchones abandonados y residuos.
Un breve relato de su vida de penurias y adicciones fluyó en pocos minutos, cuando salió ansiosa de aquella estructura en ruinas para hablar con un equipo de La Nación, que la semana trasanterior recorrió varias viviendas abandonadas, tomadas por el crimen organizado y convertidas en búnkeres destinados al consumo y la distribución de drogas.
Aferrada a un tubo metálico que utiliza como pipa para consumir crack y a un encendedor, esta mujer relató que perdió la custodia de sus dos hijas, menores de edad, y que la consume la dependencia de la droga. Una de sus niñas, dice, está bajo la custodia de una de sus tías paternas y la otra permanece con un familiar suyo.
Mientras ella hablaba sin parar de su realidad, a la intemperie y a pleno sol, un hombre dormía y sudaba copiosamente acostado en un sillón de esa misma casa. Ella apretaba fuertemente esa pajilla metálica, mientras la tos llena de flemas del sujeto interrumpía constantemente el diálogo.
Escondido en otra esquina permanecía otro hombre, con sus piernas recogidas y recostado contra una pared. Se hizo espacio entre ropa abandonada, cajas de cigarrillos y envases de comida ya vacíos para tomarse una botella de licor a solas. En su caso, dijo que tuvo problemas con su esposa y decidió pasar unas horas allí.
“Si a mí me ofrecen dónde irme, yo me voy”, reconoció la mujer en medio de esta escena.
Una cárcel sin rejas
Su salida de ese sitio se percibe sencilla. A plena vista, nada parece detenerla o vigilarla; sin embargo, ella cuenta que vive bajo constantes amenazas por una deuda relacionada con drogas que ni siquiera es suya.
Esta joven madre llegó a este sitio porque su pareja, padre de sus hijas, le debe ¢350.000 al grupo criminal que domina la venta de estupefacientes en la zona. Dice que el sujeto huyó y la dejó respondiendo por ese dinero.
En los últimos meses, ella logró saldar ¢50.000, después de que vendió una lavadora y una refrigeradora que tenía, pero ella no tiene cómo cancelar el resto. A modo de castigo, los miembros de este grupo delictivo la han utilizado para vender drogas desde esa misma casa y ella ha caído cada vez más profundamente en su adicción.
“Yo no quiero vender droga (...) Esta gente es mala”, dice esta joven madre.
La mujer afirma que su vida corre peligro en ese lugar y narra que pocas veces ha logrado conversar con su pareja desde que se fue. Cuando ha logrado contactarlo por teléfono, el hombre solamente le dice que está lejos, pero ella mantiene la esperanza en su regreso. Se aferra a la idea de que esa sería la única forma en la que podría salir con vida de allí.
“Él tiene que venir. Él me hizo una promesa; algo tuvo que haber sentido”, dice frustrada.
En San José abundan sitios como estos, colmados de hombres y mujeres que, por distintas circunstancias, han llegado al extremo de dormir en lugares en los que pululan la miseria y la degradación humana.
Ninguna de las personas que hoy permanecen en estos inmuebles es propietaria de las estructuras, pero terminan en esos sitios porque allí consiguen droga o no tienen adónde más ir.
Según explicó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, es común hallar casas como estas, convertidas en búnkeres, en barrios que han experimentado un “deterioro significativo”, como Sagrada Familia, la ciudadela Veinticinco de Julio, la ciudadela Quince de Setiembre y El Pochote, en Hatillo.
Además, en Cañada Sur y el barrio López Mateos, en San Sebastián, La Carpio, algunos puntos de Pavas y también barrio Cuba.
Este año, la Municipalidad de San José prevé la demolición de 12 viviendas en abandono en el cantón Central. De acuerdo con el director de la Policía Municipal, esta es la única estrategia que ha sido efectiva para evitar que, una vez intervenidos estos sitios, las personas vuelvan a aglomerarse dentro de ellos.
Desde el 17 de julio, La Nación ha enviado consultas a la alcaldía capitalina sobre este tema, pero al cierre de este artículo no ha habido respuestas.
