Durante el día, cada vez es más común ver a personas recorrer las calles de San José empujando un pequeño carrito o cargando un bolso con todas sus pertenencias.
En ese reducido espacio guardan todo lo que poseen. Al caer la noche, cuando ya han recorrido lo suficiente, buscan un pequeño techo donde acomodan sus objetos personales y convierten ese rincón en su hogar, al menos por unas horas.
No todos encuentran refugio bajo un alero o en una acera. Quienes viven atrapados por la adicción suelen terminar la jornada en lotes baldíos, en casas abandonadas convertidas en búnkeres, o en la ribera de un río, donde, además de un colchón sucio, encuentran dosis de crack o alguna otra sustancia de su preferencia.
City Crack –a orillas del río María Aguilar–, Los Pinos o El Chancho son apenas algunos de los nombres que usan habitantes de la calle y los propios cuerpos policiales para identificar esos sitios tomados por decenas o cientos de hombres y mujeres que llegaron al extremo de dormir entre basura, excremento y alimañas. En esos lugares pululan la miseria y la degradación humana. Ahí, vivir duele.
En esos puntos, entre chatarra, alambres de cobre y plásticos viejos que venden para comprar comida o drogas, permanecen durante horas y, en algunos casos, durante semanas, hasta que ya no tienen dinero para seguir consumiendo o sus propios familiares logran sacarlos con ayuda de alguna organización no gubernamental.
Hasta setiembre del 2025, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) estimó que 7.133 personas vivían en condición de calle en Costa Rica. En apenas siete años, la cifra creció un 46%.
De esas 7.133 personas, el 51% vivía en San José.
El estigma de los barrios del sur
De acuerdo con la Policía Municipal, las comunidades más golpeadas por esta dinámica se concentran al sur del cantón, donde predominan las disputas entre grupos criminales que buscan ganar territorio para la venta de drogas.
Según explicó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, es común hallar casas convertidas en búnkeres en barrios que han experimentado un “deterioro significativo”, como Sagrada Familia, la ciudadela Veinticinco de Julio, la ciudadela Quince de Setiembre y El Pochote, en Hatillo.
Además, en Cañada Sur y el barrio López Mateos, en San Sebastián; La Carpio; algunos puntos de Pavas, y también barrio Cuba.
Para él, atender esta situación representa un desafío diario, pues el aumento en la población en estas condiciones también derivó en un reclamo generalizado de “las fuerzas vivas de la ciudad”.
Según su criterio, el daño reputacional que esto ha provocado a la ciudad, aunque no se trate de un fenómeno exclusivo de San José, parece, por ahora, irreparable.
La Nación también pidió a los máximos responsables de la Municipalidad de San José un criterio sobre esta realidad y las estrategias de mitigación, pero al cierre de este artículo no se había obtenido respuesta.
La semana pasada, un equipo de este medio recorrió algunos de los principales puntos donde hoy se concentran la población en condición de calle y las personas que batallan con un consumo problemático de drogas en el cantón Central de la capital.
Las sedes del narcomenudeo
No todas esas aglomeraciones de adictos e indigentes ocurren a la intemperie. Detrás de portones oxidados y fachadas en ruinas hay estructuras que quedaron abandonadas y que hoy funcionan como refugios improvisados o como búnkeres para el consumo, la producción y la venta de drogas.
Mauricio Villalobos, fundador de Chepe Se Baña, lo observa a diario. Desde hace ocho años, esta organización trabaja con población en condición de calle en San José y, de acuerdo con su experiencia, la mayoría de estas personas han pasado por estructuras de esta naturaleza.
Algunos de estos inmuebles, que terminaron convertidos en sedes del narcomenudeo, quedaron desocupados porque sus habitantes fueron desalojados a la fuerza tras ser víctimas de un préstamo extorsivo conocido como gota a gota, o porque tuvieron que salir de sus casas en medio de amenazas, en sitios donde predomina el conflicto entre organizaciones criminales.
Una vez abandonados, en cuestión de tres a cinco días, los inmuebles quedan completamente desmantelados. Decenas de personas se acercan para desarmar las instalaciones eléctricas y sustraer prácticamente cada elemento de la vivienda que sea monetizable para pagar alguna dosis de droga en la calle.
Es así como las estructuras se convierten en basureros a cielo abierto, donde las autoridades han encontrado hasta 30 personas hacinadas y viviendo en condiciones insalubres.
El Chancho
La Nación ingresó a cinco de estos predios ya intervenidos por la Policía, uno de ellos ubicado en Cañada Sur, a tan solo una cuadra y media del sitio donde la madrugada del 7 de julio dos hombres de 43 y 42 años fueron asesinados a tiros.
Al final de la calle hay una patrulla fija de la Fuerza Pública y el vecindario se protege con barrotes y láminas de metal desde sus corredores, reflejo de que este sitio es uno de los puntos más violentos de la capital.
La fachada de esta casa, antes un punto de venta y consumo, ya no tiene puertas ni ventanas. Del techo no queda prácticamente nada y apenas sobreviven algunas láminas de zinc sostenidas por unos cuantos muros que resistieron el vandalismo.
El dueño de esta vivienda, según el Registro Nacional de la Propiedad, falleció hace 15 años y, aunque la casa no está en uso, el baño, sin agua, parece continuar funcionando. El olor es intenso.
Esta ruinosa escena no es muy distinta a la que encontraron las autoridades cuando intervinieron el lugar y desalojaron a quienes permanecían allí, hace algunas semanas. Según relataron algunos oficiales, en esta estructura llegaron a aglomerarse más de 15 personas.
Esta es solo una de las 12 viviendas que la Municipalidad de San José busca demoler este año en el cantón Central de San José. De acuerdo con el director de la Policía Municipal, se trata de una estrategia que ha sido efectiva para evitar que, una vez intervenidos estos sitios, las personas vuelvan a aglomerarse.
En el 2025 se contabilizaron 15 derribos, también en comunidades en situación de alta vulnerabilidad.
“La única solución es el derribo de la propiedad, inclusive para evitarle una afectación grave al barrio, para evitar la concentración de adictos en esa comunidad o para evitar un incendio de grandes dimensiones”, afirmó.
A poco más de un kilómetro de allí, cuatro personas, entre ellas una adulta mayor acompañada de su perro, duermen en otra de estas casas. Oficiales de la Policía local entran sin obstáculos y sus residentes, aparentemente bajo los efectos de sustancias psicoactivas, ni siquiera perciben el ingreso.
Es probable que en algún momento esta casa haya sido el hogar de una familia, porque la puerta de uno de los aposentos todavía conserva calcomanías de un cantante pop de la década de los 2000 cuidadosamente colocadas. En cuartos improvisados ahora viven personas extrañas, rodeadas de peluches, mantas infantiles, desechos y un fuerte olor a heces humanas.
Las paredes están destruidas y el sistema eléctrico ya no existe. El segundo piso, hoy sin techo, concentra varios baldes plásticos y funciona como un baño a cielo abierto. Sobre las gradas de madera que conducen hasta allí reposan envoltorios utilizados para la distribución de drogas.
Como parte de las estrategias para obstruir las labores de la Policía, quienes ocupaban el inmueble cuando estaba en funcionamiento le prendieron fuego a la estructura, hoy comprometida.
Allí dentro, además de la venta de drogas, los residentes ilegales también criaban un cerdo semanas atrás. Según recuerdan con humor algunos oficiales, ese fue el motivo por el que el sitio pasó a ser conocido por la policía como el búnker El Chancho.
Justo al lado de esta casa, la escena se repite. Mientras un joven, en apariencia bajo los efectos de sustancias, duerme en el sillón, otro de los ocupantes increpa a las autoridades por su presencia. Los oficiales le recuerdan que está invadiendo una propiedad privada.
“Yo me vengo a esconder aquí porque no me gusta que me vean drogarme”, exclamó este sujeto, molesto, recién salido de prisión por robo.
Ninguna de las personas que hoy permanecen en estos inmuebles abandonados es propietaria de las estructuras. Solo estos dos últimos predios suman un valor fiscal de ¢37,5 millones y están prácticamente perdidos.
El búnker de Los Pinos
A pocas cuadras de allí se levanta otra de estas casas detrás de dos frondosos pinos, que le dieron su nombre.
Cuando aún estaba ocupada y las autoridades hacían sus operativos de rutina, los consumidores inundaban esta vivienda deliberadamente para impedir que entraran los oficiales y por ello no queda en el piso más que una capa de tierra.
Aunque hoy este lugar, al menos durante el día, permanece desocupado, el panorama es prácticamente igual: desechos, cuartos vacíos, malos olores y colchones abandonados.
Ese mismo deterioro alcanza también una vivienda en una alameda de la comunidad López Mateos, donde una mujer de 32 años vive desde hace ocho meses entre malos olores y escombros, consumida por la adicción al crack.
A la intemperie, a pleno sol, otro hombre dormía y sudaba copiosamente, mientras ella hablaba sin parar de su realidad. Ella apretaba fuertemente la pajilla metálica con la que consume crack, mientras la tos llena de flemas del otro sujeto interrumpía constantemente el diálogo.
“Si a mí me ofrecen dónde irme yo me voy”, dijo la mujer, madre de dos niñas y obligada a vivir en la calle, producto de deudas ajenas.
De pie frente a esa escena, revive lo que significa permanecer en ese lugar bajo las amenazas del grupo criminal que domina la zona, y lamenta haber perdido la custodia de sus hijas.
En los últimos años también quedaron reducidas a escombros casas inmersas en disputas familiares por herencias, una de ellas a tan solo unos metros del Museo de los Niños, así como sitios públicos, salones comunales, Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi) y camerinos de una cancha de fútbol en Sagrada Familia, que hoy está en vías de convertirse en un parque.
La Nación intentó contactar a los dueños registrales de las propiedades invadidas en al menos 15 números de teléfono diferentes, pero no hubo respuesta al cierre de esta nota.
City Crack y El Pochote
El número de personas en condición de calle y con problemas de adicción supera la capacidad de respuesta de la Policía porque los constantes desalojos solo provocan que se desplacen hacia otros puntos de venta de droga o a predios donde encuentran algún tipo de refugio.
Uno de estos lotes operaba también como una especie de búnker hasta hace tres meses a las orillas del río María Aguilar, en Hatillo 1. A esta ciudadela informal se le llamó City Crack. Estaba conformada por al menos 50 chozas y habitada por unas 120 personas.
A mediados de julio, en un recorrido realizado por este diario en el sitio, se observó que ya comenzaban a levantarse nuevas carpas con madera y bolsas de plástico. Desde una de ellas, una voz saludó con un contundente “buenos días”.
“Somos animales en extinción”, expresa otro de los sujetos que permanece en el sitio, mientras observa el paso de la Policía Municipal, acompañado de al menos ocho hombres más. Aun en ese entorno precario, el comentario da paso a bromas.
No están en extinción; han sobrevivido al crack y a la pandemia, pero aún no conocen el fentanilo, sentencia un tercero.
A la salida de ese bajo, justo en la calle que comunica barrio Cuba con Hatillo 1, deambulan, incluso a plena luz del día, decenas de personas en condición de calle. Muchas de ellas transitan frente al predio donde, hasta el 25 de febrero de este año, operó el búnker conocido como El Pochote, en un terreno de más o menos 4.400 metros cuadrados.
“El propietario por muchos años estuvo amenazado y fue necesario que interpusiera dos denuncias judiciales por amenazas agravadas”, explicó el director de la Policía Municipal de San José.
Tras años de gestiones, el sitio fue intervenido, y lo que alguna vez fue un laberinto de chozas improvisadas hoy es un lote vacío, resguardado por robustos muros de hormigón y rejas.
Pese a ello, la intervención no logró erradicar la problemática del entorno. A menos de 50 metros de allí, opera uno de los principales puntos de venta de droga de la zona, y los alrededores continúan concentrando un alto tránsito de personas en condición de calle y con adicciones, incluso poco antes del mediodía.
Voluntad política
Para Solano, la Municipalidad de San José ha sido muy propositiva desde el punto de vista social; sin embargo, a su juicio, el desafío trasciende la capacidad municipal y requiere de una respuesta coordinada nacional, con una perspectiva de salud pública y prevención.
“El mismo esfuerzo que se ha hecho para construir un Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) tendrían que ponerlo para levantar una red que permita atender la farmacodependencia en todo el país, porque, si no, no vamos a lograr los objetivos”, sostuvo el jefe policial.
Según Solano, también son necesarias reformas a la Ley General de Salud, a la Ley de Construcciones y al Código Municipal para diferenciar edificaciones tomadas por organizaciones criminales y así demolerlas con mayor rapidez.
Mauricio Villalobos, fundador de Chepe se Baña, afirma que son las organizaciones sociales, con escasos recursos, las que cargan con el peso de atender a esta población en condición de calle.
Desde su experiencia, primero debe haber voluntad política para dotar de recursos a las organizaciones y conformar un programa interinstitucional que atienda todas las necesidades de las personas en situación de calle. La estrategia, dice, debe centrarse en la captación, la rehabilitación y la creación de oportunidades.
“Hay que encontrar un modelo que cubra adultos mayores, personas con problemas duales, mujeres, muchachos que están en la fase productiva, a quienes no consumen o tienen múltiples consumos, los que están iniciando, los que llevan años, personas trans, personas con discapacidades. La población es diversa y así deben ser las respuestas”, afirmó.
El pasado viernes 17 de julio se pusieron en marcha las mesas técnicas entre la Municipalidad de San José y las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa para buscar alternativas con el fin de atender esta problemática. Mientras las autoridades debaten soluciones, la población en la calle continúa creciendo, como lo ha hecho desde hace siete años, y decenas de búnkeres siguen operando activamente en la capital.