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El día para los trabajadores de un negocio en las cercanías de la Estación del Pacífico, en San José, inicia encendiendo varias hidrolavadoras y sacando botellas de desinfectante. La fachada de este negocio, cada mañana llena de heces y desechos, debe quedar limpia antes de que los clientes comiencen a llegar, poco después de las 8:30 a. m.
Este es uno de los negocios en la capital que, según un recorrido realizado por este medio, aglomera a decenas de personas sin hogar cada noche, quienes se resguardan con cartones, cobijas y colchones bajo un pequeño techo, suficiente para protegerse del rocío de la noche o de la lluvia del invierno.
En el mejor de los casos, el ritual para abrir el comercio termina con esa limpieza profunda, pero en ocasiones el día se complica cuando, durante la noche, alguno de los habitantes fue apuñalado o víctima del robo de alguna de sus pertenencias.
“No es lógica la afectación que vivimos. (…) San José viene para atrás. San José se ha quedado rezagado. Ni nosotros tenemos ganas de estar aquí”, afirmó el propietario de este establecimiento, quien prefirió resguardar su identidad, pues asegura haber sido víctima de represalias cuando se refirió al tema en otra ocasión.
Hasta setiembre del 2025, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) estimó que 7.133 personas vivían en condición de calle en Costa Rica y 3.642 lo hacían en San José. En 2018, eran 3.700 en todo el país y 2.500 en la capital.
La situación ha venido empeorando, sobre todo desde la pandemia, y el perímetro de deterioro sigue expandiéndose hacia prácticamente cada rincón de la ciudad, incluso vecindarios.
El dueño de este negocio relata que, en la medida de lo posible, han ayudado a habitantes de la calle a salir de la indigencia. Recuerda al menos tres casos de personas sin hogar que terminaron trabajando para su comercio y lograron salir adelante.
Sin embargo, reconoce que esta es solo una minoría. Dependiendo de la época del año, relata que ha encontrado hasta 50 personas hacinadas frente a su negocio y, aunque a algunos de ellos los reconoce por su constancia en el sitio, muchas veces llegan exconvictos que tampoco encuentran dónde dormir.
Es entonces cuando ha tenido problemas de seguridad.
Asegura que hace algunos años, uno de los habitantes de calle que frecuentaba la zona tomó el liderazgo para impedir que delincuentes durmieran allí, pero una noche lo atacaron a balazos, huyó y no regresó más. El agujero de la bala quedó plasmado en la cortina de hierro de su negocio.
Además, narra que se han robado los medidores de luz y tuvo que invertir para protegerlos, pero entonces comenzaron a sustraer algunos cables y las copas de los aros de los vehículos que se estacionan al frente.
A ello se suma el problema de salud, que, a su juicio, es uno de los más preocupantes.
“Es por la defecación, las orinas en las aceras, en la calle, en el negocio, en las cortinas de hierro para cerrar el local”, dijo el propietario.
Producto de esta situación, afirma que varios clientes han dejado de llegar y para los propios empleados del local no es agradable laborar allí.
Una de estas trabajadoras, quien también pidió resguardar su identidad por seguridad, accedió a conversar con La Nación. Contó que al final de la tarde, cuando la jornada está por terminar, representa un riesgo salir caminando.
Este comercio cierra a las 5:30 p. m. para que los trabajadores puedan bajar las cortinas y salir a tiempo, antes de que decenas de personas comiencen a aglomerarse afuera.
Algunos de ellos, dice, representan un riesgo porque muchas veces están bajo los efectos de alguna droga.
“No han ni terminado de bajar la cortina (los trabajadores) cuando ya vienen con colchones, con cartones. En una ocasión vino la Muni (Municipalidad de San José), los recogió y luego agarraron la caca y la impregnaron en las cortinas, pensando que fuimos nosotros quienes llamamos. Son muy vengativos, a veces da miedo (…) Nadie quiere venir a esta zona, ni nosotros”, dijo el dueño.
El empresario lamentó el horario de cierre, pues dependiendo de la época del año y si las condiciones lo permitieran, podrían seguir atendiendo clientes hasta la noche.
“Nadie quiere tomar cartas en el asunto”, concluye. A su juicio, el Ministerio de Salud, la Fuerza Pública, la Municipalidad de San José y el Gobierno Central tienen responsabilidad en atender esta situación en la capital.
Desde el jueves de la semana anterior, La Nación pidió a los máximos responsables de la Municipalidad de San José un criterio sobre esta realidad y las estrategias de mitigación, pero al cierre de este artículo no se había obtenido respuesta.
“Hay que abordarlo desde muchas aristas”
Chepe se Baña es una organización no gubernamental que lleva ocho años trabajando con habitantes de calle en la capital. Para su fundador, Mauricio Villalobos, las cifras oficiales no reflejan la realidad.
Para él, el fenómeno de la indigencia debe estudiarse permanentemente en la calle y debe ser un observatorio el que recopile los datos para conocer de cerca la dimensión de la problemática y los detalles de las personas que viven en estas condiciones.
“Es una población que tiene tantas aristas que hay que abordarla desde muchas aristas. Tiene muchos factores y así tiene que ser la respuesta”, afirmó a este diario.
Para atenuar la cantidad de personas en indigencia, Villalobos afirma que la estrategia debe ser interinstitucional y contemplar un trabajo de captación y de redirección a programas, según las necesidades de cada persona. Además, las organizaciones no gubernamentales, que “están sacando el trabajo a diario en la calle”, deben tener mayores recursos.
La solución requiere de voluntad política, explicó.
Por su parte, Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, sostiene que el ayuntamiento ha sido muy propositivo desde el punto de vista social; sin embargo, el desafío trasciende la capacidad municipal y requiere de una respuesta coordinada nacional, con una perspectiva de salud pública y de prevención.
El pasado viernes 17 de julio se pusieron en marcha las mesas técnicas entre la Municipalidad de San José y las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa para buscar alternativas con el fin de atender esta problemática.
