La presidenta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, afirmó que desde junio trabaja junto al Gobierno en una estrategia interinstitucional para atender a las personas habitantes de calle.
Las declaraciones surgen luego de que el alcalde de San José, Diego Miranda, divulgó un video en el que anunció el envío de una carta a la presidenta de la República, Laura Fernández, en la que solicitó la intervención del Poder Ejecutivo ante el aumento de personas en situación de calle en la capital.
Jiménez explicó a La Nación que Fernández dio desde junio la instrucción a jerarcas del Ejecutivo para desarrollar una estrategia que permita atender integralmente la problemática.
La primera mesa interinstitucional fue lanzada este lunes 10 de agosto con participación de autoridades del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Salud, Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Fuerza Pública y representantes municipales.
“Esta primera mesa tuvo como finalidad establecer una ruta nacional de coordinación. No se trata de una iniciativa dirigida exclusivamente a San José ni de una problemática que pertenezca a un solo cantón o tenga un único responsable. Estamos ante una situación país”, afirmó.
La alcaldesa reconoció que los gobiernos locales tienen responsabilidades y competencias relacionadas con esta población, pero sostuvo que se necesita la participación del Ejecutivo y de otras instituciones del Gobierno Central.
El 2 de junio, el Concejo Municipal de San José acordó abandonar la UNGL, tres días después de que Miranda no lograra obtener un puesto en el Consejo Directivo de esa organización. La decisión fue adoptada por siete votos contra cuatro. En ese momento, regidores de oposición atribuyeron la salida a una “rabieta” del alcalde por no haber conseguido un espacio en la directiva.
IMAS confirma que prepara nueva ruta
La presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León, confirmó a La Nación que varias instituciones gubernamentales se encuentran en la fase de construcción y articulación de una nueva ruta de trabajo para atender a las personas en situación de calle, ante el aumento y la complejidad de la problemática en diferentes lugares del país.
León explicó que la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) conoce el proceso y señaló que la Municipalidad de San José forma parte de su Junta Directiva, por lo que, según indicó, el régimen municipal está siendo considerado desde esta etapa.
“Conforme avancemos, naturalmente tendremos que aterrizar la coordinación directamente en los territorios donde se implementen las acciones”, manifestó León.
Regidor cuestiona a Miranda: ‘Esperábamos más que un video’
Por su parte, el regidor Juan Diego Gómez, del Partido Más San José, indicó que participó en la mesa convocada por el Gobierno y cuestionó la actuación de Miranda, quien el domingo en la noche publicó un video para divulgar la carta que envió a Fernández.
“En relación con la Municipalidad de San José, el alcalde saca un video planteando lo que ya se viene trabajando con el Gobierno. Incluso después de más de dos años en la administración, los josefinos esperábamos más que un video para atender este tema; ocupaba liderazgo, visión y capacidad de generar acuerdos, los josefinos esperábamos seriedad”, declaró Gómez.
El regidor además indicó que presentará una moción ante el Concejo Municipal para declarar de interés cantonal el proyecto denominado Puertas Abiertas, impulsado por el Gobierno para abordar la situación de las personas en situación de calle.
Gómez aseguró que pretende que la iniciativa sea respaldada de manera unánime por el Concejo y la calificó como una propuesta “concreta y viable” para abordar la problemática en San José.
Miranda pidió intervención del Gobierno
El domingo en la noche, Miranda divulgó en redes sociales que envió una carta a la mandataria, Laura Fernández, en la que solicitó la intervención del Gobierno y afirmó que las instituciones nacionales habían ignorado durante años el aumento de personas habitantes de la calle, dejando la atención principalmente en manos de los gobiernos locales.
El alcalde aseguró que unas 2.300 personas viven actualmente en las calles de San José y que la Municipalidad destina más de ¢2.000 millones al año a servicios relacionados con esta población.
“Hemos llegado a un punto en el que resulta imposible seguir enfrentando solos esta problemática. Necesitamos al Gobierno de la República, necesitamos un Poder Ejecutivo que ponga a trabajar a todas sus instituciones”, manifestó Miranda.
Miranda planteó tres medidas: crear una mesa de trabajo interinstitucional, impulsar un proyecto de ley que otorgue herramientas a las instituciones responsables de atender y custodiar a esta población y establecer seguimiento permanente desde el Consejo Social ligado a la Presidencia.
