El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, lamentó que los diputados no lograran nombrar el miércoles 10 de junio a los magistrados suplentes de ese tribunal. Explicó que, por la ausencia de suplentes, no se podrá tramitar 87 expedientes y esto es un atropello para los derechos de los recurrentes.
“Tanto la Sala Constitucional como la Corte Suprema de Justicia desarrollaron un proceso de selección caracterizado por su rigor, transparencia y estricto apego a criterios técnicos y jurídicos”, defendió Castillo.
La fracción de Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó ese día, en el plenario, una moción de orden para rechazar la nómina de 18 candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional y exigirle a la Corte Suprema de Justicia que presente una nueva lista de aspirantes a dichos puestos.
La moción del PPSO fue aprobada con 29 votos, todos de su bancada; 26 diputados de oposición rechazaron la iniciativa.
Castillo recordó que la decisión del Congreso tiene un impacto directo en la ciudadanía, ya que actualmente 87 expedientes permanecen paralizados porque las inhibitorias impiden su avance.
La Sala debe integrarse en su totalidad para poder votar un expediente; sin suplentes, los casos quedan detenidos.
“Esto constituye, sin lugar a dudas, un atropello a un derecho fundamental de estas personas: a la tutela judicial efectiva. Por ende, estamos preocupados porque son personas que requieren los servicios del tribunal constitucional y este siempre se ha caracterizado por la tramitación expedita de estos asuntos que se le presentan”, lamentó Castillo.
Bloqueo del PPSO
La decisión de devolver la nómina de suplentes para la Sala Constitucional se tomó por una mayoría de los presentes en el plenario, luego de 11 rondas de votación en las que el oficialismo se negó a elegir un solo suplente, de los nueve posibles. Así ocurrió tanto con la fracción de gobierno del periodo anterior, liderada por Pilar Cisneros, como la actual, que dirige Nogui Acosta.
El proceso para seleccionar la lista de 18 candidatos que llegó al Congreso en octubre del 2025 duró casi nueve meses, pues inició en enero de ese año y la lista fue avalada por la Corte Plena recién en setiembre del año pasado, para ser enviada a la Asamblea Legislativa en octubre.
Un nuevo proceso podría durar, precisamente, entre ocho y nueve meses, lo que significa un riesgo para el funcionamiento de la Sala Constitucional.
Esto podría incluso paralizar por completo a la Sala, ya que si alguno de los magistrados propietarios se ausenta por jubilación, enfermedad o vacaciones, o si el Congreso decide no reelegirlo, el tribunal no podría sesionar.
‘Quieren el control del Poder Judicial y la Sala Constitucional’
El argumento de Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista, es que no hay 38 votos para elegir los magistrados suplentes, porque no existe acuerdo político.
Frente a la propuesta aprobada por el oficialismo, José María Villalta, del Frente Amplio (FA), acusó a Pueblo Soberano de pretender nombrar amigotes, o bien, dejar paralizado un tribunal que tiene, entre sus asuntos, expedientes judiciales relacionados con funcionarios del anterior gobierno y del actual.
“Están ustedes bloqueando el nombramiento de magistrados, perjudicando al pueblo, a la gente que necesita un recurso de amparo, porque quieren tener el control del Poder Judicial y la Sala Constitucional, para garantizar la impunidad de personas del gobierno anterior y de este que han sido cuestionadas, que no prosperen acusaciones y tener el control para la impunidad de cargos cuestionados y que paguen los platos rotos el pueblo”, dijo.
La moción aprobada por los diputados del gobierno no solo fue cuestionada por la idea en sí, sino también por el trámite que se le dio, pues el bloque opositor señaló que el rechazo de la nómina de las candidaturas se debe hacer por vía de proposición de fondo y no mediante una moción de orden.