Un hombre de apellido Delgado presentó un recurso de amparo contra el decreto de la presidenta Laura Fernández que declaró secreto de Estado múltiple información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo de trabajo Fuerza Élite, así como cualquier otra coordinación que la Presidencia de la República dirija sobre el tema de seguridad y defensa del Estado.
La medida de Fernández abarca no solo planes tácticos u operativos, sino también presupuestos, expedientes administrativos, ofertas, contratos, contrataciones públicas y sesiones.
La gestión fue presentada este jueves y se encuentra en análisis de admisibilidad, bajo el expediente 26-029324-0007-CO.
Según expone Delgado en el documento, la restricción administrativa generalizada vulnera los derechos fundamentales de acceso a la información pública, la transparencia y el control ciudadano sobre la gestión estatal.
Cuestionamiento a la reserva por decreto ejecutivo
El recurrente sostiene que las limitaciones al derecho de acceso a la información pública contemplado en la Constitución Política requieren una ley formal aprobada por la Asamblea Legislativa. A su criterio, el Poder Ejecutivo no posee la facultad de crear reservas absolutas ni indefinidas mediante decretos.
Delgado argumenta que excluir de la fiscalización ciudadana las compras públicas y el manejo de los fondos del Estado contradice el régimen legal establecido por la Ley General de Contratación Pública y su reglamento. La acción señala que la reserva masiva choca con la obligación de usar el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) como plataforma única y centralizada para gestionar compras estatales.
“Ocultar presupuestos, contratos y adjudicaciones excede cualquier finalidad razonable de protección de la seguridad nacional”, argumentó Delgado en la acción planteada ante los magistrados.
Alcance de la confidencialidad para funcionarios y privados
El Decreto Ejecutivo N.° 45.870-MSP dispone un régimen de estricta confidencialidad que aplica a jerarcas, policías, asesores, personal administrativo y colaboradores. La obligación abarca también a consultores y contratistas privados, quienes deben firmar una cláusula de sometimiento a la reserva.
La disposición del Gobierno establece que la prohibición de divulgar o compartir los documentos clasificados persiste de forma indefinida, aun cuando haya finalizado la relación laboral o contractual con el Estado. El incumplimiento acarrea sanciones legales y la resolución del contrato sin responsabilidad para la Administración.
El recurso solicita a la Sala Constitucional anular la restricción sobre contrataciones y presupuestos, declarar la inconstitucionalidad del decreto y condenar al Estado al pago de costas, daños y perjuicios.