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Recientemente, se produjo un enfrentamiento entre miembros de la Policía Municipal de Garabito y personal del complejo turístico de Punta Leona, cuando el gobierno local procedió a retirar la aguja que limitaba el acceso público a playa Blanca.
El alcalde de Garabito, Francisco González, ordenó desmontar la estructura que regulaba el paso de vehículos y afirmó que está cumpliendo una resolución judicial emitida hace más de dos décadas. Por su parte, la administración de Punta Leona asegura que el operativo fue arbitrario, ya que se trata de terrenos privados, y afirmó que no restringirá el acceso a playa Blanca en el corto plazo aunque mantiene la disputa legal. En consecuencia, actualmente, cualquiera puede usar la calle adoquinada del complejo turístico para ingresar al mar.
¿Qué dice la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre?
La ley 6043, sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), fue promulgada en 1977 y regula el uso y aprovechamiento de toda la franja costera del país.
El artículo 23 habla específicamente de las vías de acceso a las playas.
Dicho epígrafe ordena que el Estado o los ayuntamientos deben construir vías para garantizar el acceso a la zona pública o, en caso de que ya existan vías, deben declararse de interés público y proceder a su expropiación.
Desde su artículo 1, esta ley dispone que la ZMT es patrimonio del Estado y es inalienable e imprescriptible, es decir, el Estado no puede renunciar a ella. Al contrario, es obligación del gobierno y las instituciones velar por su protección.
Además, el segundo artículo establece que la municipalidades tienen el deber de velar por el desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas. Es también el ayuntamiento el responsable de la administración de la ZMT.
Según la ley, la zona marítimo terrestre comprende los primeros 200 metros desde el mar (en marea alta) hacia la tierra firme. De estos 200 metros, los primeros 50 metros son considerados una “zona pública” inalienable; nadie puede disponer de esa zona y no puede ser objeto de ocupación de ningún tipo. Al contrario, los 150 metros restantes sí pueden ser concesionados.
El artículo 20 establece que las autoridades del Estado están obligadas a garantizar el libre y seguro tránsito de las personas, así como el uso público de esa zona.
Incluso, la ley advierte de que las concesiones otorgadas sobre la zona restringida (esos 150 metros después de la zona pública) no pueden impedir el acceso del público a la zona inalienable de 50 metros, salvo si el público puede acceder por otra vía destinada a ese fin.
Las autoridades argumentan que la vía de Punta Leona es la única que permite el acceso a este sector de playa Blanca.
Argumentos contrapuestos
Con dicha ley como trasfondo, la Municipalidad de Garabito y el complejo Punta Leona tienen argumentos absolutamente contrapuestos respecto a la naturaleza jurídica de la calle que lleva a playa Blanca.
El gobierno local sostiene que se trata de una vía pública que debe permanecer abierta, mientras la empresa ha defendido que el camino y las estructuras de ingreso se encuentran dentro de una propiedad privada debidamente inscrita.
El alcalde González aseguró que el acceso libre a las playas está respaldado por la legislación costarricense y calificó como inaceptable que las personas tengan que solicitar autorización para ingresar a una zona costera.
“Nuestra Ley de Zona Marítimo Terrestre es muy fácil de entender: todas las playas y los 50 metros después de la marea alta deben tener acceso público. Decirle a alguien de San José que tiene que pedir permiso para usar una playa es ofensivo. Eso no está dentro de los privilegios de ser tico. Esto es un tema de igualdad”, manifestó el alcalde cuando ordenó retirar la aguja que limitaba el paso.
Sostiene que los responsables de Punta Leona fueron notificados para pedirles retirar la aguja voluntariamente, pero no lo hicieron.
“Más bien pidieron una medida cautelar que fue desestimada”, argumentó.
Al contrario, Punta Leona sostiene que la municipalidad destruyó infraestructura ubicada dentro de propiedades privadas pertenecientes tanto al club como a otros propietarios.
“La situación legal de acceso por esas vías se debate aún en el Tribunal Contencioso Administrativo”, señaló la empresa.
Respecto al acceso a playa Blanca, la administración del complejo insistió en que la playa nunca ha estado cerrada al público. Argumentan que esta siempre ha tenido un acceso público oficial alterno.
Además, Punta Leona denunció un supuesto exceso por parte de la Policía Municipal durante el operativo, ya que golpearon a algunos colaboradores que se oponían al retiro de la aguja.
Ahora, ambas partes deberán resolver el conflicto en juzgados.
