Ante las limitaciones presupuestarias y la carga financiera que implica el pago de alquileres en todo Costa Rica, el Poder Judicial apuesta por un plan de inversión en infraestructura propia mediante la figura del fideicomiso.
Actualmente, el fondo disponible asciende a ¢37.644 millones. Este capital es administrado por el Banco de Costa Rica (BCR) en calidad de fiduciario y se mantiene en custodia del Ministerio de Hacienda, con destino exclusivo al desarrollo de 17 proyectos de obra institucional.
El mecanismo, vigente desde 2015, pretende atender de raíz uno de los principales cuellos de botella de la institución: la imposibilidad de construir sedes propias con cargo al presupuesto ordinario.
El fideicomiso busca que una vez concluidas las construcciones y cancelados los financiamientos, los inmuebles pasen a ser patrimonio del Estado, eliminando progresivamente la cuota de alquiler de las finanzas públicas, tal como ocurrió en el Poder Legislativo con la construcción de su actual sede, también bajo la figura del fideicomiso.
Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, explicó las razones detrás de la decisión de recurrir a esta figura: “El margen para desarrollar infraestructura era mínimo y, cada vez que se aplicaban recortes presupuestarios, lo primero que se sacrificaba era la inversión en proyectos de obra”.
Un fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona física o jurídica, denominada fideicomitente, transfiere la titularidad de bienes o derechos a otra, el fiduciario, para que los administre y los destine al cumplimiento de fines lícitos previamente establecidos.
El pago de arrendamientos le representa al Poder Judicial un gasto anual de ¢10.350 millones, de los cuales San José concentra más del 56% del presupuesto total destinado a este rubro.
Planes para el OIJ
Tan solo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) consume el 22,21 % de ese presupuesto de alquileres. La institución paga más de ¢851 millones al año por el arrendamiento de sus dos sedes principales en San José (Torre Z y la Torre Lex), mientras enfrenta un preocupante hacinamiento de su personal, de acuerdo con su director interino, Michael Soto.
Para resolver este problema, la institución ya adquirió un terreno cerca de la parada de Puntarenas para edificar un nuevo complejo, preliminarmente estimado en ¢32.500 millones. Actualmente, el OIJ cuenta con ¢15.000 millones acumulados en el fideicomiso para este fin (luego de haber ejecutado ¢5.000 millones en la compra del lote y estudios), por lo que aún requiere sumar recursos adicionales.
La meta institucional es desarrollar el edificio del OIJ completamente con recursos propios acumulados en el fideicomiso para evitar adquirir préstamos bancarios. Este modelo ya cuenta con un antecedente de éxito: la Torre Judicial, ubicada al costado norte del edificio de la Corte Suprema de Justicia en San José, la cual fue construida bajo este esquema de financiamiento propio, libre de endeudamiento crediticio.
Otro de los proyectos concluidos mediante el fideicomiso es el edificio de los Tribunales de Justicia de Puntarenas. Además, ya se cuenta con los terrenos adquiridos para la construcción de las futuras sedes de la Sala Constitucional y del Ministerio Público.
El fideicomiso se alimenta progresivamente de aportes ordinarios e ingresos extraordinarios que la institución le transfiere, aunque no existe una cifra fija estipulada por año. Sin embargo, este flujo de capital ha enfrentado serios tropiezos en el ámbito político.
Por ejemplo, para el caso del megaproyecto del OIJ, se pretendía alimentar el plan con fondos derivados de la norma presupuestaria 10; no obstante, esta herramienta fue eliminada por la bancada del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO).
Choque político sobre el uso de los fondos
El fideicomiso se convirtió en un nuevo punto de fricción entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Mientras el Gobierno sostiene que los recursos están “ociosos” y plantea utilizarlos para atender gastos ordinarios o necesidades urgentes —como el pago de salarios, la compra de vehículos y equipamiento balístico para el OIJ—, la administración judicial advierte que los fondos están sujetos a condiciones contractuales que impiden destinarlos a fines distintos a la construcción de infraestructura.
Estas posiciones se enmarcan en el contexto de los recortes presupuestarios que impulsa el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.
Sobre la presunta inactividad de los fondos, Romero enfatizó que el dinero no está ni parado ni subejecutado. Explicó que los recursos permanecen bajo custodia del Ministerio de Hacienda, que se encarga de invertirlos mientras no se ejecuten directamente las obras.
Además, indicó que los fondos ya están comprometidos en distintas etapas de los proyectos, tanto previas como de ejecución, incluyendo estudios de factibilidad, compra de terrenos, elaboración de diseños y definición de presupuestos.
El Poder Judicial no es el único que ha recurrido a este instrumento. La Asamblea Legislativa también utilizó un fideicomiso, con el Banco de Costa Rica (BCR), para construir su sede actual.
“No sé por qué en el caso del Poder Judicial el tema se ha satanizado. Es una alternativa eficiente que ante las restricciones presupuestarias ha permitido el desarrollo de obra pública en este país”, destacó Romero.
Seguridad, descentralización y nuevos costos
El plan de infraestructura no responde únicamente a un criterio de ahorro, sino también a un ajuste de prioridades operativas marcado por el contexto de seguridad y la necesidad de ampliar la cobertura territorial de los servicios judiciales.
Romero explicó que en un inicio la prioridad era desarrollar proyectos en las zonas con mayores costos de alquiler; sin embargo, ese enfoque tuvo que ajustarse para atender localidades donde no existen edificaciones propias o donde las condiciones son deficientes, incluso bajo la presión de órdenes sanitarias.
Además, señaló que los nuevos proyectos incorporan exigencias de seguridad que antes no se contemplaban, lo que ha incrementado los costos. “En el edificio de tribunales tuvimos que crear todo un sistema de esclusas para el ingreso y revisión, además de sustituir vidrios por materiales blindados. Esto, en el contexto actual, nos ha dado mayor tranquilidad”, indicó.
La funcionaria añadió que estos estándares abarcan desde muros perimetrales con certificaciones específicas hasta materiales diseñados para resistir impactos y distintos eventos. “Uno ve una pared, pero en realidad responde a especificaciones técnicas de seguridad. Todo esto tiene un costo alto, pero es necesario”, afirmó.
Las nuevas edificaciones incorporan entre otros elementos:
- Seguridad y blindaje: instalación de vidrios blindados, esclusas de revisión, celdas con estándares internacionales de contención y muros perimetrales certificados.
- Protección a usuarios y testigos: condiciones adecuadas de resguardo para víctimas de violencia doméstica, personas en procesos de pensiones alimentarias y testigos protegidos.
- Descentralización de servicios: desarrollo de proyectos en zonas como Quepos, Puntarenas y Cañas, para evitar traslados hacia la Gran Área Metropolitana en trámites complejos o servicios forenses.
Aunque el plazo original del fideicomiso se fijó en 30 años, el Poder Judicial tramita actualmente una ampliación para dar continuidad al plan de desarrollo físico, sujeta a la disponibilidad de recursos que permitan cubrir el costo total de las obras pendientes.