Soto afirmó que esta reducción es adicional al recorte de ¢3.053 millones que ya ordenó el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, para el presupuesto del 2026.
Según el director del OIJ, la norma 10 del Presupuesto Nacional (ley 10836) establece que el dinero de las plazas que no se ocupen entre enero y junio se le debe dar al OIJ y al Ministerio de Seguridad Pública para fortalecer la seguridad ciudadana, lo que equivale a unos ¢5.731 millones, pero ahora los recursos no se girarán.
El aviso se lo dio el administrador del OIJ, indicándole que ya no se podía contar con los recursos de la norma 10.
Soto dijo que ese dinero se usa para viáticos, chalecos antibalas, combustible e infraestructura. Añadió que, en el operativo contra Diablo, algunos de los presentes, los que estaban atrás, ni siquiera tenían casco protector.
“Muy amablemente le quiero decir al ministro Chaves Robles ‘por favor ayúdenos con el dinero’”, dijo el jerarca del OIJ.
Michael Soto insistió en que el Poder Judicial ha estado comprometido con la seguridad del país, con casos como Riverside, Traición, Dalila y Némesis.
“Necesitamos los recursos para tener lo básico (...) Es evidente y manifiesta la necesidad de recursos que tiene el país. No alcanzan los cascos para todos. Yo quisiera llegar tranquilo a final de año con la gasolina y dar viáticos a los muchachos para que coman dignamente, así como hacer las pericias correspondientes en delitos sexuales. Es solicitar que nos colaboren muy amablemente con los recursos que ya se nos habían dado”, agregó el jefe policial.
Dijo que el año pasado se efectuaron 44 operaciones de alto impacto. “Hemos logrado disminuir paulatinamente los homicidios. Es probable que bajemos de los 800 y tiene que ver con esto. Colateralmente, hemos disminuido los delitos contra la propiedad. Sin embargo, hoy en la mañana me informaron que estamos recibiendo una nueva disminución en el presupuesto”, declaró.
Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, dijo que se seguirá trabajando “con las uñas”.
En tanto, Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, afirmó que la institución no puede, por iniciativa propia, variar fondos de una partida a otra porque se podría incurrir en anomalías. Por ello, para pasar recursos de un programa a otro se requiere de aprobación legislativa.
El pasado lunes 20 de julio, el Poder Judicial calificó de “crítico” el recorte de ¢3.053 millones que el Ministerio de Hacienda aplicó para el 2026 al Poder Judicial, al grado de que podría perjudicar los allanamientos del OIJ.
Entre las principales afectaciones del recorte están:
- Limitaciones para realizar operativos del OIJ
- Imposibilidad de adquirir licencias de software y plataformas para el análisis criminal
- Afectación en la atención y protección de víctimas, restricciones para contratar intérpretes
- Reprogramación de juicios y suspensión de diligencias judiciales
