
Luego de decenas de intentos de celebrar la asamblea cantonal en San Ramón, como parte del proceso para renovar las estructuras partidarias, el Partido Liberación Nacional (PLN) finalmente pudo acreditar esa nueva estructura ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Así lo confirmaron, por separado, el Tribunal y el secretario general liberacionista, Miguel Guillén. Sin embargo, el camino para que Liberación no tenga problemas en recibir financiamiento estatal por sus gastos de campaña electoral tiene un escollo que superar.
La agrupación debe celebrar una asamblea cantonal en Puerto Jiménez para elegir un cargo de fiscal faltante. Guillén respondió a La Nación que dicha asamblea se realizará este sábado 10 de enero, para finalmente cumplir con los requisitos legales para tener la renovación de la estructura totalmente completa.
“El TSE nos confirmó la acreditación de la asamblea celebrada el 13 de diciembre, al constatar el cuórum de ley y la validez legal de todo lo actuado en el proceso. Eso ratifica la renovación de la estructura completa. Prevaleció así el sentido de responsabilidad cívico y patriótico, a pesar de los obstáculos”, dijo Guillén.
El secretario general añadió que se logró demostrar que “una forma distinta de hacer política es posible, y debe estar regida por la entrega y la decencia”.
“La política exige carácter para enfrentar la corrupción y las prácticas añejas de la vieja política”, dijo el secretario general liberacionista, quien alegó que eso era lo que estaba sucediendo en San Ramón, una intención de “impedir dar el impulso a propuestas para la justicia social”.
El TSE había advertido al PLN que, mientras no lograra la renovación en San Ramón, no tendría acceso a financiamiento estatal por sus gastos electorales, aunque sí había recibido autorización para participar en los comicios.
A inicios de diciembre, el candidato presidencial liberacionista, Álvaro Ramos, había reconocido que los intentos fallidos por renovar las estructuras ramonenses habían afectado el acceso a créditos para financiar su campaña electoral.
En noviembre, el Tribunal de Ética y Disciplina (TED) separó del cargo a 45 delegados de San Ramón, elegidos en abril, como sanción por ausentarse en numerosas ocasiones de las sesiones a las que se había convocado la asamblea ramonense, pues con su ausencia obstaculizaban el proceso de renovación de las estructuras partidarias.
Entre los sancionados están el exdiputado Daniel Ulate (2018-2022) y el excalde de San Ramón Nixon Ureña, quienes trabajaron activamente en el PLN en las anteriores elecciones nacionales y municipales.

