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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, anunció que no asistirá a la sesión convocada por la presidenta de la República, Laura Fernández, mañana viernes 21 de agosto.
Aguirre indicó, en una oficio dirigido a la presidenta, que un espacio entre los Supremos Poderes puede y debe identificar problemas comunes, compartir información y articular esfuerzos.
Sin embargo, el presidente de la Corte, argumentó que un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas. Ni tampoco debe convertirse en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento.
Aguirre añadió que esos acuerdos deben respetar los procedimientos, competencias y resguardos que la Constitución Política establece para la adopción de decisiones en cada Poder.
El presidente destacó que la Constitución Política otorga el gobierno del Poder Judicial a la Corte Plena. Este órgano define las políticas generales de la entidad.
“No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial. Se trata de preservar la condición que le permite cumplir su cometido: actuar y decidir conforme a derecho, sin más sujeción que la Constitución y la ley”, aseveró Aguirre en el oficio.
A pesar de declinar la asistencia, el titular de la Corte confirmó la continuidad de la colaboración técnica en seguridad. Los operativos entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo seguirán de forma habitual.
Aguirre manifestó que la decisión fue tomada examinados los términos planteados para la sesión del 21 de agosto.
El presidente de la Corte destacó que, aun antes de conocer los términos de la convocatoria, se fijaron los criterios esenciales para el diálogo: cumplimiento del financiamiento de la justicia, buena fe, respeto, disposición real a escuchar, reglas claras y el pleno reconocimiento de las competencias de cada Poder.
Presidencia cancela reunión de Supremos Poderes
Tras el anuncio de Aguirre, Casa Presidencial anunció la suspensión de la reunión agendada de Supremos Poderes e indicó que la presidenta Fernández continuará conversando de cerca con Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa.
“Ante la negativa del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de establecer un canal de diálogo para resolver los temas de seguridad urgentes, se suspende la reunión de jerarcas de los Supremos Poderes originalmente agendada para este viernes”, expresó a través del chat oficial.
La presidenta de la República invitó formalmente a la presidenta de la Asamblea Legislativa y al presidente de la Corte Suprema de Justicia el pasado 11 de agosto.
El objetivo de la cita era establecer metas, plazos y responsabilidades de cada poder de la República para atender los desafíos del país en materia de seguridad, de acuerdo con la invitación enviada por Fernández.
La cita iba a ser transmitida en vivo, como ocurrió en la pasada Administración en un encuentro entre el expresidente Rodrigo Chaves y la contralora general, Marta Acosta.
La convocatoria formal se produjo después de que Fernández anunciara, durante la cadena nacional del domingo 9 de agosto, su intención de impulsar este encuentro.
La presidenta expresó su deseo de que se llevara a cabo la reunión tres días después de que miles de costarricenses acudieran al plantón en defensa del Poder Judicial en la Plaza de la Democracia, el pasado 6 de agosto.
Reforma del proceso penal en camino
Aguirre detalló que el Poder Judicial está trabajando en una reforma integral del proceso penal, cuyo resultado se prevé poner a disposición de la Asamblea Legislativa en 2027.
“Enfrentar la criminalidad actual exige también modernizar profundamente nuestra legislación procesal penal”, aseveró el presidente de la Corte.
También añadió que mientras ese trabajo avanza, desde 2025 se encuentra planteado ante las personas diputadas el expediente N.° 24.913. Aguirre indicó que su aprobación permitiría aumentar en un 31% la capacidad operativa de los Tribunales Penales y generaría un ahorro estimado de ¢122,3 millones mediante un uso más eficiente del recurso judicial.
Según el titular de la Corte, el Poder Judicial mantiene la disposición al diálogo entre los Supremos Poderes, siempre que se base en la buena fe, el respeto mutuo, reglas claras y el reconocimiento de la independencia y las competencias que fija la Constitución.
“Confiamos en que sea posible construir un espacio con esas características. Esta Presidencia valorará cualquier futura convocatoria con esa disposición y atendiendo las condiciones concretas en que se plantee”, concluyó Aguirre.
