La oposición encontró en la unidad una fórmula para enfrentar la ventaja legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), pero el movimiento que busca dotarla de músculo frente al gobierno también abre un riesgo electoral: que sus diferencias queden opacadas y que el oficialismo consolide la idea de que todos sus adversarios son uno solo.
Con el oficialista Pueblo Soberano dominando la Asamblea Legislativa con 31 diputados frente a los 26 de la oposición, las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) decidieron articular fuerzas para evitar ser superados por la aplanadora oficialista.
Desde el inicio del periodo, el pasado 1.° de mayo, estas tres fracciones decidieron conformar el autodenominado “bloque democrático” que, junto con la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aglutina a las cuatro fuerzas de oposición representadas en el Congreso.
El PLN, el FA y CAC duplicaron la apuesta al suscribir el llamado “Pacto Patriótico”, con la Red Nacional de Sectores Sociales (Renases), compuesta por sindicatos y otras organizaciones civiles.
En un Congreso donde el oficialismo tiene ventaja numérica, la coordinación deja de ser opcional y se convierte en una herramienta para incidir. Pero esa misma lógica que fortalece a la oposición en el plano legislativo introduce tensiones en el terreno político-electoral.
Para analistas consultados por La Nación, el principal reto no está en la capacidad de estas fuerzas para ponerse de acuerdo, sino en evitar que esa coordinación termine desplazando sus diferencias ante el electorado.
Los riesgos de ganar músculo político
La politóloga Kattia Benavides interpreta este movimiento como un proceso de “realineamiento” en el que parte de la competencia política comienza a organizarse menos alrededor de diferencias ideológicas tradicionales y más en función de la posición frente al oficialismo y la defensa de principios institucionales.
Según Benavides, esa dinámica permite que partidos distintos encuentren espacios de coincidencia, pero al mismo tiempo incrementa la necesidad de que cada agrupación comunique con claridad qué la diferencia de las demás.
La cooperación puede fortalecer su capacidad de incidencia política, pero también puede generar la percepción de que las distancias programáticas son menores de lo que realmente son.
El politólogo Daniel Calvo plantea un riesgo adicional: que esta articulación termine favoreciendo la estrategia del oficialismo de presentar a sus adversarios como un bloque homogéneo.
El experto señala que el gobierno de Laura Fernández, “ni lerdo ni perezoso”, ha aprovechado la oportunidad para meter a toda la oposición en el mismo saco, tildándolos de “vagabundos y comunistas”.
Calvo considera que los efectos tampoco serían iguales para todos los partidos. Mientras el Frente Amplio podría beneficiarse al proyectarse como una oposición más consistente, otras fuerzas enfrentarían mayores dificultades para explicar su identidad y sus diferencias frente al electorado.
La construcción alrededor de coincidencias
Frente a este dilema, Claudia Dobles, diputada de la bancada unipersonal de la CAC, justifica el acercamiento asegurando que, ante visiones que atentan contra la democracia, “los cálculos político-partidarios en este momento son irrelevantes si perdemos el país”.
En el caso del CAC, este lleva sobre sus hombros mucho del futuro del Partido Acción Ciudadana (PAC) que funciona como su base principal y columna vertebral, pero cuyo futuro es incierto, tras quedar casi aniquilado, políticamente, tras las elecciones del 2022.
Por su parte, Jonathan Acuña, secretario general del FA, acusa a la “derecha autoritaria” de instalar un “juego maniqueo” y una “polarización inútil”, aclarando que dialogar no implica eliminar las diferencias.
“Eso no diluye la identidad de ninguna de esas fuerzas políticas porque identificar aquellos elementos en los que podemos coincidir no elimina nunca que en muchos otros asuntos tengamos profundas diferencias que continuarán”, agrega Acuña.
Mientras, el secretario general del PLN, Miguel Guillén, sostiene que la coordinación no implica una fusión ideológica, programática ni electoral, sino una coincidencia en temas específicos como la defensa de la institucionalidad democrática, el Estado social de derecho y la separación de poderes.
Guillén reconoce que existe un riesgo de percepción cuando distintos partidos aparecen actuando juntos, pero considera que la respuesta no es romper los espacios de diálogo, sino explicar con claridad que coincidir en algunos temas no significa compartir un mismo proyecto político.
En una línea semejante, Álvaro Ramírez, jefe de la fracción verdiblanca, defendió que el partido tiene una identidad y una historia clara y definida.
Alegó que, en el contexto de la actual asamblea, se suscribió un acuerdo con otras fracciones de oposición, pero que solo se circunscribe al ámbito parlamentario.
“No es una alianza de carácter electoral y básicamente los alcances de dicha alianza están contenidos en el documento que suscribimos, los principios que inspiran esa alianza y sobre todo, cuáles son las causas que defendemos en común”.
Un pacto inconsulto a lo interno del PLN
No obstante, el secretario del PLN reveló una señal de posible desconexión interna: el Pacto Patriótico fue suscrito por el jefe de fracción, Álvaro Ramírez, sin que los órganos de dirección partidaria lo hubieran “conocido, deliberado ni adoptado”.
“Este último pacto no fue previamente informado, analizado ni sometido a consideración de las instancias políticas correspondientes del partido. Por esa razón, es importante distinguir entre una decisión tomada desde la dinámica legislativa y una posición institucional construida mediante los procesos internos de discusión y definición política que corresponden”, explica.
Para el analista Daniel Calvo, el PLN sufre de una “falta de brújula, improvisación, oportunismo”, advirtiendo que el partido corre el riesgo de desaparecer al actuar según las posturas cambiantes de su candidato de turno, oponiéndose hoy a proyectos que apoyó en el 2010.
Al respecto, la politóloga Kattia Benavides agrega que el PLN enfrenta el riesgo potencial de perder el apoyo de sus votantes moderados de centro o centro-derecha, sin lograr atraer al electorado progresista que preferiría opciones con identidades más definidas.
¿Cómo se inclina la balanza?
Mientras el PLN sufre tensiones, el Frente Amplio emerge fortalecido. Calvo señala que el FA es “quien mejor capitaliza estas alianzas”, proyectándose como una oposición coherente, beneficiándose del debilitamiento del PAC.
Acuña defiende los acercamientos como parte del ADN de las izquierda costarricense, y su capacidad de encontrar puntos de coincidencia por el bien común, tal como ocurrió en los años 40 con el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia y la Iglesia católica, que conllevaron a la promulgación de las Garantías Sociales.
En la otra acera, el PAC enfrenta el reto de la supervivencia. Benavides advierte de que si la agrupación reduce su visibilidad como un proyecto diferenciado, podría perder su principal activo: ser una alternativa política novedosa frente a la oferta tradicional.
Calvo coincide, indicando que en un escenario de polarización entre el oficialismo y el FA, si el PAC no logra diferenciarse, le resultará muy difícil encontrar espacio.
El riesgo en las urnas municipales
Aunque Jonathan Acuña y Miguel Guillén insisten en que estos pactos legislativos no tienen correlación directa con la política electoral y que las luchas de diferenciación se darán “cantón por cantón”, los analistas ven un peligro inminente.
Benavides advierte de que las elecciones municipales tienen una lógica distinta y que si en un mismo cantón varias fuerzas opositoras se presentan con mensajes similares centrados en criticar al gobierno, “podrían generar una dispersión del voto opositor”, dejando en clara ventaja a una fuerza oficialista con una identidad definida.
La politóloga subraya que el riesgo real no es la coordinación, sino que la competencia política pase a estructurarse bajo una lógica exclusiva de oficialismo versus oposición.
El jefe de fracción del FA, José María Villalta, no respondió las consultas planteadas sobre este tema.