La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) cuestionó el enfoque del denominado Pacto Patriótico Costarricense, un acuerdo suscrito entre las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) con la Red Nacional de Sectores Sociales (Renases), al considerar que prioriza la defensa de instituciones públicas sin plantear con igual claridad la necesidad de modernizarlas.
El pacto, firmado el 29 de junio en la Asamblea Legislativa, establece una agenda de coordinación entre esas fracciones legislativas y Renases para impulsar iniciativas de ley y acciones de control político. Además, plantea principios relacionados con la defensa del Estado Social de Derecho, la democracia, la separación de poderes y la participación ciudadana.
Entre sus compromisos, también incluye la defensa de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el CEN-CINAI, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y las universidades públicas.
Asimismo, propone fortalecer el combate al crimen organizado, avanzar hacia una inversión gradual del 8% del PIB en educación, revisar la aplicación de la regla fiscal, respaldar la producción nacional y promover iniciativas en materia ambiental, derechos humanos y transparencia.
En una carta dirigida al jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez Bogantes, la CICR señaló que comparte los principios de defensa de la democracia, el respeto a la Constitución Política y la independencia de poderes, pero manifestó diferencias con el enfoque del documento.
Según la organización, el pacto “concentra buena parte de su esfuerzo en la defensa de instituciones, sin incorporar con la misma claridad la necesidad de transformarlas, modernizarlas y exigirles mejores resultados”.
Como parte de sus observaciones, la Cámara mencionó que Costa Rica requiere instituciones fuertes, pero también reformas que permitan mejorar su funcionamiento. En ese sentido, citó como ejemplos la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), sobre los cuales considera necesario discutir cambios orientados a la eficiencia y la competitividad.
La CICR también indicó que el documento omite una discusión de fondo sobre la sostenibilidad fiscal del Estado y sostuvo que cualquier propuesta nacional debería incluir temas como la simplificación del Estado, la eliminación de duplicidades, el combate a la evasión fiscal y la evaluación permanente de las políticas públicas.
Asimismo, afirmó que el pacto dedica poco espacio al papel del sector productivo en el desarrollo económico del país y señaló que el crecimiento económico, la inversión privada y el empleo formal son elementos necesarios para sostener las políticas sociales.
Finalmente, la Cámara aclaró que, aunque el Pacto Patriótico señala que fue construido con participación de distintos sectores, incluido el empresarial, ni la CICR ni, según indicó, otras cámaras representativas del sector empresarial privado participaron en su elaboración o forman parte del acuerdo.