EscucharPolicías del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) secuestraron el 30 de enero Los audios de Presidencia, como parte de una investigación de la Fiscalía General sobre la polémica contratación de la empresa del productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas en Casa Presidencial, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Se trata de una serie de grabaciones de reuniones efectuadas en la Casa Presidencial, las cuales fueron facilitadas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y publicadas por La Nación en diciembre del 2023.
Un documento en poder de este diario detalla que cuatro agentes de la Sección Especializada contra la Delincuencia Organizada, del OIJ, secuestraron los audios en la casa de Navarro, el jueves 30 de enero, a las 2:15 p.m., días después de que ella rindió testimonio, como testigo, ante el fiscal general, Carlo Díaz, y otros fiscales del Ministerio Público.
En el acta de secuestro, se especifica que se llevaron “un dispositivo de almacenamiento masivo, color blanco, marca Kingston, de 128 GB de capacidad, con la leyenda en rojo ‘PNMFG’”, porque era requerido en la causa N.° 23-000057-0033-PE.
Este expediente judicial se sigue contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y contra Bulgarelli, por el supuesto delito de tráfico de influencias, según la oficina de prensa del Ministerio Público.
“Se investiga un aparente tráfico de influencias para beneficiar a una empresa privada dentro de una licitación. Tiene acumuladas las causas 23-000080-0033-PE, 23-000082-0033-PE, 23-000095-0033-PE y 23-000092-0033-PE”, precisó ese despacho.
Federico Campos, abogado de Navarro, confirmó que en ese dispositivo USB estaban Los audios de la Presidencia, en los que se escuchan conversaciones sostenidas por el presidente Chaves, ministros y asesores de imagen.
En esas grabaciones se revela, entre otras cosas, que la contratación de $405.000 a la firma de Bulgarelli, RMC La Productora S. A. (Nocaut) se fraguó mediante una “consultoría estratégica” de comunicación pocos días después de que Chaves asumió la Presidencia el 8 de mayo del 2022.
Tanto Chaves como el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez (quien para ese entonces era el jefe del despacho presidencial), le hablaron a Bulgarelli del dinero y del contrato con el BCIE. Eso ocurrió meses antes de que el banco efectuara el concurso público que, finalmente, el empresario ganó.
Patricia Navarro relató a La Nación que Bulgarelli fue quien elaboró los términos de referencia del contrato con ayuda del entonces asesor de imagen del presidente, Federico “Choreco” Cruz. Este último negó haber participado, pero Bulgarelli insistió en que sí revisó el documento.
El contratista admitió que obtuvo esa contratación a sabiendas de que él había redactado los términos de referencia y, por consiguiente, cumplía con todos los requerimientos. Así lo reconoció en una entrevista exclusiva con La Nación.
A lo interno del BCIE
El jueves 22 de febrero del 2024, el BCIE dio a conocer el resultado de una investigación preliminar en la que concluyó que existe la posibilidad de que Bulgarelli hubiese “incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión” en la obtención de este contrato.
Inmediatamente, el empresario fustigó al banco por no investigar al mandatario Rodrigo Chaves y otros funcionarios que, según su decir, gestaron el polémico contrato. Incluso, afirmó que estaba valorando llevar el caso a la Fiscalía General.
¿Qué dicen los audios?
La exministra de Comunicación comenzó a grabar reuniones desde el 10 de mayo del 2022, dos días después de la toma de posesión de Chaves, porque quería “documentar hechos que podían ir contra la ley o la ética”.
En una de las grabaciones, se escucha a Rodrigo Chaves pedir el contrato porque tenía “un montón de antojos” y quería pedir “un par de chineos, de cariñitos”.
Además, las grabaciones muestran cuando el mandatario preguntó si su entonces asesor de imagen, “Choreco”, sería parte de ese contrato de Bulgarelli.
El artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública sanciona el tráfico de influencias con una pena de prisión de dos a cinco años. Ese castigo se eleva en un tercio (por encima de los seis años y medio) cuando la influencia provenga de miembros de los supremos poderes.
