Rodrigo Chaves, presidente de la República, afirmó que la embajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo, fue llamada a una audiencia en el Congreso de Estados Unidos para referirse al proceso de retiro de su inmunidad que está bajo análisis de la Asamblea Legislativa, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El mandatario declaró: “En 200 años de historia patria, nunca un aliado ha tenido que llamar a un embajador a una audiencia en el Congreso para decir: ¿qué está pasando con la democracia más sólida de América Latina, una de las más sólidas?“.
Chaves se pronunció así tras ser consultado sobre el tema, durante la conferencia de prensa que organizó este viernes la Casa Presidencial, en el Teatro Nacional, con motivo de la visita del presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
Sin embargo, la convocatoria a la que hizo referencia el gobernante no fue realizada por el Congreso de Estados Unidos ni por un órgano del poder legislativo. Fue una solicitud del congresista republicano Mario Díaz-Balart, afín al gobierno de Donald Trump. Es decir, no fue una gestión institucional del Congreso, sino de uno de los 535 legisladores que hay en el Capitolio en Washington D. C. (435 congresistas y 100 senadores).
Así lo reconoció la misma embajadora Crespo a La Nación, mediante un mensaje de WhatsApp, luego que se refiriera el jueves a la gestión hecha por la oficina de Díaz-Balart durante una entrevista con Trivisión.
Ante la consulta de quién le hizo la convocatoria, Crespo respondió a este diario que fue “la oficina del congresista” y mediante “una solicitud formal”.
Convocatoria vs. invitación
Crespo declaró a Trivisión el jueves que la reunión pautada para las 11:30 a. m. del 21 de noviembre era “seriesísima” y que se le estaba convocando para “pedir cuentas”.
Haciendo eco de estas declaraciones, varios medios de comunicación presentaron la solicitud del congresista como una convocatoria a una audiencia girada por el Congreso de los Estados Unidos.
Las citaciones de esta naturaleza son un acto formal y público, y se emiten por parte de comités o subcomités de la Cámara de Representantes o el Senado. Las reuniones se desarrollan bajo juramento y en la sala donde se reúne formalmente el comité en cuestión.
Los testimonios de los convocados se registran y pasan a formar parte de los expedientes oficiales del Congreso.
En contraste, una reunión informativa como la solicitada por Díaz-Balart es un encuentro privado, voluntario y no oficial, solicitado por cualquier congresista. No implica juramento ni registro público obligatorio.
La atención a estas reuniones privadas forma parte del quehacer de la embajadora Crespo. Por ejemplo, se reunió el 19 de noviembre con el congresista demócrata Greg Stanton, según documentaron ambos en sus cuentas de X (anteriormente Twitter). En ese encuentro el tema central habrían sido los aranceles impuestos por la administración Trump a bienes de Costa Rica.
Thank you, Congressman. Always a pleasure to work with you. Costa Rica values our strong partnership with the United States and the constructive conversations we are having on trade, security, and the future of resilient supply chains. We are committed to strengthening… https://t.co/obWOutrICd
— Catalina Crespo Sancho (@CatalinaCRE) November 19, 2025
Congresista: una reunión positiva
Por su parte, el congresista norteamericano Díaz-Balart publicó en su perfil de X que sostuvo, este viernes 21 de noviembre, “una reunión positiva” con Crespo, “sobre la estrecha y duradera relación entre nuestros dos países”. No se refirió al proceso de levantamiento de inmunidad, en cambio, señaló que “toda señal de retroceso en los principios democráticos fundamentales exige nuestra atención”.
Añadió que como presidente del subcomité de Asignaciones sobre la Seguridad Nacional y el Departamento de Estado en la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, encargada de proporcionar fondos para la seguridad nacional y prioridades en el exterior, “tengo el deber de proteger los recursos aportados por los contribuyentes estadounidenses”.
La publicación del viernes contrasta con la realizada por Díaz-Balart el jueves, cuando manifestó haber solicitado “una reunión informativa con la embajadora de Costa Rica para conocer de primera mano lo que está ocurriendo” y que “la posibilidad de que un presidente en funciones —en una de las democracias más estables y consolidadas de la región —pueda ser apartado por expresiones políticas mediante procedimientos cuya base constitucional es cuestionable, genera serias inquietudes".
El TSE ha indicado que el trámite de levantamiento de la inmunidad “no implica un pronunciamiento sobre la destitución del presidente”.
La defensa de Rodrigo Chaves y el oficialismo sostienen que el Tribunal Supremo de Elecciones no cuenta con la potestad constitucional para solicitar a la Asamblea Legislativa que se retire el fuero de protección al mandatario.
