Miguel Guillén, secretario general del PLN, afirmó a La Nación que solamente hizo falta una persona para completar el cuórum requerido de cinco personas, de los nueve delegados que integran la asamblea.
“Puerto Jiménez es un cantón con condiciones geográficas y económicas particulares: las distancias entre comunidades son amplias y una parte importante de las personas delegadas trabaja en actividades productivas propias o familiares, lo que dificulta los traslados y la posibilidad de destinar un día completo para una asamblea”, indicó el líder partidario.
Guillén agregó que se trata de un “trámite sencillo”, pues únicamente se debe decidir la elección de “una fiscal”, ya que existe una sola candidatura inscrita para ocupar ese cargo.
Puerto Jiménez se convierte en un nuevo escollo para los verdiblancos, luego que el pasado 13 de diciembre, tras decenas de intentos, lograra celebrar la asamblea cantonal en San Ramón, proceso que ya fue acreditado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La agrupación debe celebrar la asamblea cantonal para elegir el cargo de fiscal, ya que el Departamento de Registro de Partidos Políticos del TSE denegó el nombramiento de María de los Ángeles Jiménez Rodríguez, durante la asamblea del 8 de julio del año anterior, debido a que la candidata obtuvo cuatro votos a favor, cuatro en contra y uno en blanco.
Reclamo de la dirigencia
El pasado 18 de agosto un grupo de 11 personas, integrado por delegados, miembros del comité ejecutivo cantonal y representantes de movimientos, suscribieron una carta dirigida al candidato presidencial liberacionista, Álvaro Ramos, en la que subrayaron la importancia y necesidad de convocar la celebración de la asamblea cantonal.
En la nota, de la cual La Nación tiene copia, la dirigencia de Puerto Jiménez también alegó un supuesto “abandono de la dirigencia y la ausencia total de comunicación por parte de la candidatura presidencial y de la campaña política”.
El 28 de octubre, Martha Castillo Víquez, directora del Departamento de Registro de Partidos Políticos, confirmó que la ausencia de nombramiento en el cargo de fiscal, “provoca que no se haya completado el proceso de renovación de estructuras, por lo que la primera consecuencia directa supone que, no se pueda dictar una resolución que acredite la renovación de estructuras completa a nivel cantonal”.
Así lo indicó la funcionaria ante una consulta planteada por María Elena Bustos Durán, delegada cantonal de Puerto Jiménez y asambleísta nacional. La dirigente fue una de las 11 personas que suscribió la carta dirigida a Ramos.
Castillo también recordó que uno de los requisitos necesarios, para que una agrupación política pueda acceder a los montos que por concepto de aporte estatal le correspondan, es precisamente, haber concluido de forma completa la renovación periódica de estructuras internas partidarias.
