EscucharLa investigación del Ministerio Público en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el posible delito de concusión, asevera que en el 2022 el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, –entonces jefe de despacho del mandatario–, habría instruido a productor audiovisual Christian Bulgarelli Rojas para que elaborara un contrato “a la medida, a fin de que su empresa, RMC La Productora S.A., ganara una consultoría por un monto de $405.800 financiada con fondos públicos aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El expediente sostiene que Rodríguez “convocó a varias reuniones en Casa Presidencial” a Bulgarelli, con el objetivo de definir los términos de referencia de un contrato marco de servicios de consultoría. Posteriormente, el ahora ministro se habría encargado de revisar dichos términos y actuar como “enlace directo” con el banco.
“Continuando con su actuar delictivo, Rodríguez también fungió como enlace directo de comunicación con Erwen Masís (representante de Costa Rica ante el BCIE) para asegurar la adjudicación del contrato (...) y que se destinara la suma de $405.800 como pago por el trabajo que ya venía realizando la indicada empresa”, señala el escrito acusatorio.
La tesis del Ministerio Público es que $32.000 de ese contrato se utilizaron supuestamente de forma indebida para beneficiar al otrora asesor de imagen del presidente, Federico ‘Choreco’ Cruz Saravanja.
Este lunes, la Fiscalía General presentó la acusación penal en contra del presidente de la República y el ministro Rodríguez Vives, y la solicitud de apertura a juicio ante los magistrados de la Corte Plena, pues requiere que esa gestión se traslade a la Asamblea Legislativa, para que los diputados evalúen levantar la inmunidad de ambos funcionarios.
Ministro asegura que no fue él
Consultado por La Nación, Jorge Rodríguez Vives aseguró que aún no ha recibido una notificación formal sobre la acusación y calificó de “prematuro” pronunciarse sobre el fondo del asunto.
“Nosotros no hemos sido notificados de la acusación, por ende, es prematuro referirme al tema. Sin embargo, es claro que doña Patricia Navarro (ministra de Comunicación de mayo a setiembre del 2022) fue quien se puso de acuerdo con el señor Bulgarelli. Mi rol fue dar seguimiento a que se contara con una empresa de comunicación, pero las condiciones de la contratación eran responsabilidad de la señora Navarro”, sostuvo el jerarca.
‘Cariñitos’ y presiones desde Casa Presidencial
La Fiscalía también señaló directamente al presidente Rodrigo Chaves por inducir a Bulgarelli a entregar un beneficio económico indebido, con el fin de favorecer a su amigo Federico Cruz Saravanja, a quien el mandatario habría recomendado durante una reunión en Casa Presidencial.
Durante una reunión, según el expediente, participaron también la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, el asesor Jorge Rodríguez y el empresario Bulgarelli. Durante la reunión, el presidente expresó:
“Nada más me gustaría ver el contrato porque yo también tengo un montón de antojos de muchas cosas... y tal vez pedir un par de, ¿cómo se llama?, de chineos, de cariñitos”, dijo el presidente.
Acto seguido, Chaves habría solicitado a Bulgarelli un beneficio patrimonial para Saravanja como condición para la adjudicación del contrato. El empresario, ante la presión y el temor de perder un acuerdo por el que había trabajado durante meses, accedió a la exigencia.
$32.000 para una casa
El “cariñito” solicitado habría consistido en una transferencia de $32.000 hecha por Bulgarelli a Cruz Saravanja el 24 de febrero de 2023, según el Ministerio Público. Esa suma habría sido utilizada por Cruz Saravanja para pactar el alquiler con opción de compra de una vivienda en el condominio Barlovento, en La Unión de Cartago.
La propiedad estaba inscrita bajo la matrícula 70914-F-000 y pertenecía a una mujer de apellidos Fernández Vilchez. El desglose del dinero fue el siguiente:
$20.000: como opción de compra.
$7.200: como abono a esa opción.
$4.800: como adelanto de alquiler.
La Fiscalía plantea que estos hechos forman parte de un plan premeditado, en el cual Rodríguez Vives habría allanado el camino desde Casa Presidencial para la adjudicación del contrato y el posterior pago del beneficio indebido.
