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A pesar del aumento en la cantidad de aspirantes presidenciales en los últimos años, la participación de mujeres en la contienda electoral sigue siendo limitada.
Para los comicios de 2026 se proyecta un récord histórico de cinco candidatas, pero si la papeleta llega a incluir los 20 aspirantes que fueron ratificados por sus respectivos partidos, la presencia femenina apenas representaría un 25% del total.
En 2022, la papeleta presidencial más numerosa de la historia contó con 25 aspirantes, cuatro eran mujeres, para un 16% de participación femenina. Las cifras reflejan que Costa Rica aún está lejos de alcanzar la equidad en la lucha por llegar a Zapote.
A lo largo de su historia, el país ha contado con solo 14 mujeres que han aspirado a la presidencia de la República. Esa cifra no alcanza para llenar todos los espacios de la papeleta de 2022 o la que se espera para 2026.
La totalidad de esa participación se ha logrado en los últimos 31 años, luego de que la abogada Norma Vargas Duarte se aventurara, en 1994, a romper con la tradición de papeletas integradas exclusivamente por hombres.
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Vargas lideró la papeleta del Partido Unión Generaleña, convirtiéndose en la primera mujer costarricense en postular su nombre para la presidencia de la República de Costa Rica. En esa contienda se enfrentó a otros seis candidatos, todos hombres. La victoria, finalmente, recayó en José María Figueres Olsen, del Partido Liberación Nacional (PLN).
La abogada quedó en el quinto lugar, al sumar 2.150 votos, el 0,14% de los sufragios válidos de ese proceso electoral. Vargas superó los 1.600 votos que obtuvo Holman Esquivel Garrote, del Partido Independiente.
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No obstante, la participación de las mujeres en elecciones presidenciales no ha sido continua. De los últimos siete procesos comiciales, desde que Vargas marcó historia, no hubo candidatas en tres de esas votaciones: 2002, 2006 y 2014.
Solo dos agrupaciones políticas han llevado en dos ocasiones a una mujer como su candidata presidencial, este es el caso de Renovación Costarricense (2010 y 2018) y Unidos Podemos (2022 y 2026).
De las 14 candidatas, la única que logró sentarse en la silla presidencial fue Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), en 2010. La verdiblanca obtuvo el 46% de los votos, por lo que no tuvo que disputar una segunda vuelta. Al contrario, los resultados de los tres procesos posteriores (2014, 2018 y 2022) han requerido la convocatoria de un balotaje.
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Las razones detrás del lento avance
Para la politóloga Marcela Piedra, la limitada participación de mujeres en la contienda por la presidencia responde a factores estructurales que persisten en el sistema político costarricense. Entre ellos, mencionó la desigual distribución del poder y los recursos económicos, el peso desproporcionado de las labores de cuido, la falta de paridad en los cargos uninominales y la violencia política que enfrentan las mujeres dentro y fuera de los partidos.
Explicó que una de las grandes dificultades que las mujeres plantean en todos los espacios de participación política, es el acceso a financiamiento. “Eso sigue siendo un tema importante para que las mujeres accedan a esos recursos para competir en igualdad de condiciones”, añadió.
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A esto se suma que las mujeres siguen teniendo sobre sus hombros la mayor carga del trabajo doméstico y de cuido, lo que las obliga a destinar recursos adicionales al buscar a otras mujeres que les ayuden con esas labores.
“Eso obviamente limita muchísimo su disponibilidad para participar en actividades políticas, reuniones o en giras”, agregó la investigadora.
Las mujeres también enfrentan el reto de insertarse en la política, ya que ha sido un espacio que la sociedad ha estereotipado como de participación masculina. “Es un espacio de la vida pública que tradicionalmente había sido destinado para los hombres”, anotó Laura Solís, investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
“Esos liderazgos femeninos no es que no existan, están presentes y aportan muchísimo a la democracia del país y a las acciones que se llevan a cabo desde diferentes instancias, llámese participación en gobiernos locales, en partidos o en organizaciones comunitarias”, añadió.
Solís señaló que las mismas estructuras partidarias buscan captar esos liderazgos, para sumar apoyos a sus distintos proyectos políticos.
“Sin embargo, todavía podemos ver que hay una concentración de los liderazgos y de los recursos y la toma de decisiones en las figuras masculinas. Y eso limita que muchas de estas mujeres logren alcanzar esas candidaturas y, principalmente, que no se visibilicen en los primeros lugares de las papeletas”, explicó.
Cambios normativos
Esto ocurre a pesar de las reformas legales que se han efectuado en las últimas décadas para garantizar una mayor participación de las mujeres en cargos de elección popular, según explicó Hugo Picado, director general del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).
Aunque el derecho al voto se reconoció con la promulgación de la Constitución Política de 1949, la igualdad en el acceso a los cargos de elección popular se comenzó a hacer efectiva hasta varias décadas después. “El derecho al sufragio tiene dos dimensiones: el sufragio activo, que es el derecho a elegir, y el sufragio pasivo, que es el derecho a ser electo”, declaró el funcionario.
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Fue hasta 1986, cuando la diputada Rosemary Karspinsky Dodero se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Legislativa. A partir de ese momento, “paulatinamente van apareciendo mujeres en las diferentes presidencias de los supremos poderes”, agregó Picado.
En 2010 sería el turno de Laura Chinchilla, en el Poder Ejecutivo. Mientras que Zarela Villanueva Monge se convertiría, en 2013, en la primera mujer en presidir el Poder Judicial.
Del 40% a la paridad
No obstante, el punto de quiebre se inició en 1996, cuando se introdujo en el Código Electoral una cuota de participación del 40% para las mujeres. No obstante, en la práctica, los partidos ubicaban a las candidatas en los cargos no elegibles.
Esa práctica provocó una respuesta jurisprudencial. “El Tribunal Supremo de Elecciones estableció que el 40% de participación política de mujeres debía ser en cargos elegibles y además estableció sanciones a los partidos políticos: no se inscriben las candidaturas si no se cumple con esas reglas”, señaló Picado.
El siguiente gran paso se dio con la promulgación del Código Electoral de 2009, que sustituyó al de 1952. “La innovación es que se establece ya no una cuota, sino el principio de paridad, con la regla de alternancia”, manifestó el director del IFED.
A partir de entonces, la lucha se centró en asegurar que esa paridad fuera aplicada también de forma horizontal. “Se estableció que la paridad debía regir no solo en las nóminas provinciales de cada partido, sino también en la forma en que se distribuyen los encabezamientos en las siete provincias, de manera que la diferencia entre hombres y mujeres no sea mayor a uno.”
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La Asamblea Legislativa actual es la que ha alcanzado la mayor representación de mujeres en la historia del país, con un nivel de participación que se acerca como nunca antes a la paridad.
Si bien el periodo legislativo 2022-2026 comenzó con 27 diputadas, la renuncia del congresista Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP), permitió la incorporación de Cynthia Córdoba, en aplicación del principio de alternancia, elevando así a 28 el número de mujeres en los 57 escaños del Congreso.
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Aunque las normas han avanzado, la cultura política aún muestra resistencias. “En esta materia, la ley va por delante y la sociedad va por detrás”, apuntó Picado.
La situación se repite a nivel local. “En las elecciones municipales, la mayoría de candidatos a las alcaldías han sido hombres, sobre todo en partidos de escala cantonal que no están sujetos a la paridad horizontal. Aun así, el número de alcaldesas casi se triplicó entre 2020 y 2024, al pasar de ocho a 22, pero sigue siendo un porcentaje muy lejano al 50%”, argumentó el vocero.
Picado señaló que si bien las mujeres son mayoría en el padrón electoral y votan más que los hombres, “el voto tiende culturalmente a favorecer a los hombres”. Por eso, concluyó, “no hay democracia sin demócratas, y si la sociedad no exige principios igualitarios, es difícil que eso se traduzca en las instituciones”.
