El magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, afirmó este miércoles 5 de agosto que ese tribunal no puede dar un golpe de Estado después de que la presidenta de la República, Laura Fernández, usara esas palabras para referirse a una sentencia.
Durante una comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, Castillo comentó: “Yo creo que aquí los términos se han equivocado. Efectivamente, la Sala no puede dar un golpe de Estado. Lo que hay son escuelas de pensamiento, digamos, tribunales más activistas o tribunales más conservadores”.
La declaración surgió luego de que el diputado Salvador Padilla Villanueva, del Partido Liberación Nacional (PLN), le preguntó: “Bajo el ordenamiento jurídico actual, ¿la Sala Constitucional puede dar un golpe de Estado?”.
El legislador planteó la consulta durante un intercambio sobre la legitimidad de la Sala Constitucional y las declaraciones públicas surgidas a raíz de la resolución que prorrogó el nombramiento de magistrados suplentes.
Padilla le consultó al magistrado Castillo si eran ciertas las afirmaciones de que la Sala Constitucional o el Poder Judicial dieron un golpe de Estado, de acuerdo con su conocimiento y su postura institucional.
Castillo respondió que, cuando se hizo esa afirmación, la Sala Constitucional emitió aclaraciones mediante un comunicado de prensa y un video en el que el magistrado Jorge Araya García explicó el caso.
La discusión se produce después de que Laura Fernández, calificara el 31 de julio como un “golpe de Estado” la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar el nombramiento de 12 magistrados suplentes hasta que la Asamblea Legislativa designe las nuevas suplencias.
El Tribunal tomó esta determinación a raíz de un recurso de amparo presentado contra la Asamblea Legislativa, porque los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) se han negado a elegir nuevos sustitutos a partir de la nómina de 18 candidaturas enviada por la Corte.
Ante la falta de suplentes, al menos 123 recursos no se podían resolver porque hay magistrados propietarios inhibidos. El amparo fue declarado con lugar.
La presidenta alegó: “Eso es, ni más ni menos, que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, único poder autorizado para nombrar y destituir a los magistrados”.
Durante la comparecencia de este miércoles, Salvador Padilla también planteó a Castillo el tema del eventual desacato a las resoluciones de la Sala Constitucional y le preguntó por las consecuencias que este tipo de declaraciones podrían tener sobre la seguridad jurídica.
Castillo respondió que las resoluciones judiciales pueden ser objeto de críticas, pero sostuvo que las decisiones de los tribunales deben respetarse.
“En un Estado social de derecho, toda decisión judicial debe ser respetada”, afirmó el magistrado.
Para explicar su posición, Castillo planteó el caso de una persona que recibe una sentencia de la Sala Primera sobre los límites de una propiedad y decide no acatarla.
“Eso no es la lógica de un Estado judicial de derecho. La lógica es el respeto a las decisiones judiciales”, manifestó.