Luis Amador, exministro de Obras Públicas y actual candidato presidencial, declaró bajo juramento que alertó al mandatario Rodrigo Chaves sobre posibles ligámenes de la empresa mexicana Tradeco con el narcotráfico, pero este ignoró la advertencia.
Así lo dijo este jueves ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, al referirse a las reuniones que Chaves entabló con Tradeco, en la Casa Presidencial, para cederle un contrato de $180 millones para la ampliación del tramo Barranca-Limonal, en la ruta Interamericana norte, que estaba en manos del consorcio H Solís-Estrella.
Según Amador, el involucramiento de Chaves en las conversaciones no era normal. Recordó que un abogado particular, de nombre Randall Chuken, le daba seguimiento al tema por instrucciones del gobernante.
“Me da la impresión de que era comisionista; esa es la impresión que me daba, pero no tengo pruebas”, afirmó Amador cuando la diputada independiente Gloria Navas le consultó cuál era el papel de Chuken en esos encuentros.
Olger Calvo, defensor de Randall Chuken, aseveró que las declaraciones emitidas por el señor Amador ante la Asamblea Legislativa están revestidas de afirmaciones falsas, infundadas, inexactas y especulativas que podrían estar afectando su buen nombre.
“En consecuencia, se valora presentar acciones legales contra el señor Amador. Por tal motivo, no se dará ninguna información a la prensa al tratarse de un asunto que podría ser judicializado”, indicó.
La Nación le había consultado por qué Chuken estuvo en las reuniones del gobierno con las empresas citadas por Amador.
La advertencia a Rodrigo Chaves
El exministro de Obras Públicas explicó que, cuando supo del interés de Tradeco por asumir ese contrato, él preguntó por esta constructora a familiares suyos en México, y le dijeron que tenía “ligámenes con cuestiones del narcotráfico; que ya no podían operar allá”.
Así respondió cuando el legislador Francisco Nicolás, de Partido Liberación Nacional (PLN), le consultó si sabía que personeros de Tradeco habían sido interrogados en Nueva York y que estaban en el foco de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Amador aseguró que él informó lo que sabía al presidente, pocos días después de la primera reunión con esa empresa mexicana, a finales del 2022. Detalló que Chaves también había recibido un informe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), pero el hoy candidato del Partido Integración Nacional (PIN) no vio el contenido de la carpeta.
La diputada Katherine Moreira, del PLN, le preguntó al exministro: “¿Y él presidente que dijo ante la advertencia?“. Amador respondió: “Simplemente la ignoró”.
El compareciente precisó que hubo tres reuniones diferentes y, en las tres, estuvieron tanto el folder de la DIS como el abogado Chuken.
La Nación envió consultas a Chaves, a través de su departamento de prensa, sin que obtuviera una respuesta a la hora de publicar este artículo.
Amador: Chaves dijo ‘me haría muy feliz que esto se le asigne a Tradeco’
Según Luis Amador, las presiones de Chaves por la cesión del contrato de Tradeco fueron “continuas y constantes” durante unos seis meses, desde finales del 2022.
Aseguró recordar que Chaves una vez le dijo: “Me haría muy feliz que esto se le asigne a Tradeco”. Sostuvo que, de diferentes formas y maneras, en varias ocasiones le transmitió ese mensaje.
Recordó que Chuken estuvo en al menos otras cuatro reuniones. Una fue una videollamada con una empresa de Hong Kong que quería vender trenes de diésel al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Otra se trató de una cita con Globalvia y la firma española OHLA, en la que Chaves habló de extender por 10 años más la concesión de la ruta 27, y que la ampliación de esa vía se iba a hacer en asocio entre esas dos compañías.
Además, el abogado estuvo presente en dos reuniones con personeros de dos empresas que también estuvieron interesadas en Barranca-Limón: la firma brasileña Andrade Gutiérrez y otra cuyo nombre no recordaba.
Intervención anormal
Para el exministro, no era normal que temas de obra pública, como la cesión de un contrato, se vieran en Consejo de Gobierno, pues eso le corresponde al Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Citó que tampoco era normal la presencia de Randall Chuken, quien estuvo una vez en el Consejo de Gobierno y se presentó como asesor legal de la empresa española OHLA.
Amador relató que Chaves comenzó a interesarse en el tema de Barranca-Limonal y Tradeco cuando él le informó de que las firmas H Solís y CHEC (de origen chino) estaban negociando la cesión del contrato por la vía privada, pues la obra estaba adjudicada a H Solís y estaba no avanzaba.
Dijo que, dos o tres días después, el despacho del presidente lo citó a una reunión en la que estaba la compañía brasileña Andrade Gutiérrez y que, en esa reunión, se le pidió informar del estado del proyecto y entregarle a la empresa toda la información para que ellos pudieran definir si asumían el proyecto o no.
Esa fue la tónica, según su relato, de las primeras reuniones que también tuvieron con Tradeco y la otra firma que aseguró no recordar el nombre.
La intervención de Rodrigo Chaves en la fallida cesión del tramo Barranca-Limonal es investigada en la Fiscalía General por un presunto delito de peculado. En esa causa, Amador y la expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, Mónica Araya, figuran como testigos.
El pasado 13 de octubre, La Nación reveló que Luis Amador le contó al fiscal general, Carlo Díaz, que Chaves le preguntaba cada dos o tres días por la cesión de ese contrato a Tradeco. Incluso, en horas de la noche.
Amador también contó que la DIS advirtió sobre presuntos vínculos de un socio de esa constructora mexicana con el narcotráfico y con posibles actos de corrupción.
En esa misma causa, la expresidenta del INS, Mónica Araya, contó que Chaves le pidió reiteradamente otorgar una garantía de cumplimiento a Tradeco para que asumiera la ampliación de ese tramo de 48 kilómetros (km).
Cuando Araya le dijo que el INS no podía otorgarle una garantía económica a Tradeco, Chaves insistió mediante varias llamadas telefónicas, y en reiteradas ocasiones se mostró molesto.
Según el relato, el mandatario incluso le facilitó el número de teléfono del representante de la constructora mexicana para que los funcionarios del INS lo contactaran y pudiera enviar la información necesaria para analizar el caso.
Chaves insistió en la solicitud desde finales del 2022 y durante varios meses del 2023.
Tanto Araya como Amador fueron destituidos de sus cargos por Chaves en el primer semestre del 2024. Ella, el 8 de mayo, y él dos meses antes, el 12 marzo.
Ante la Fiscalía, Araya declaró a principios de este año y Amador a finales del 2024.