Todo funcionario encargado de administrar fondos públicos debe pagar con su propio dinero una póliza de responsabilidad civil que responda en caso de que, en el ejercicio de su cargo, sus acciones causen un daño a la Hacienda Pública o a terceros. Así lo establece la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
“Sin perjuicio de las previsiones que deba tomar la Administración, todo encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores públicos deberá rendir garantía con cargo a su propio peculio, en favor de la Hacienda Pública o la entidad respectiva, para asegurar el correcto cumplimiento de los deberes y las obligaciones de los funcionarios”, establece el artículo 13 de esa normativa.
Eso aplica para funcionarios de cualquier institución estatal, sin distingo del Poder de la República al que pertenezcan. La ley no hace ninguna excepción.
Pese a esta legislación, el Ministerio de Hacienda gestionó la contratación, con recursos públicos, de una póliza de ¢248.391.706 con el Instituto Nacional de Seguros (INS), de manera que el presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros no tengan que desembolsar dinero propio para obtener esa cobertura y estén libres de eventuales responsabilidades civiles.
En caso de enfrentar litigios, sanciones por actuaciones contrarias a la ley, omisiones o negligencia en su quehacer como funcionarios públicos, estos jerarcas no tendrán que gastar su dinero en juicios o pago de multas, sino que lo asumirá el Estado con el seguro comprado al INS.
El exdirector jurídico de Casa Presidencial entre el 2014 y el 2019, Marvin Carvajal, confirmó a La Nación que gobiernos anteriores exigieron a sus jerarcas pagar con su propio dinero un “seguro de fidelidad individual”, como lo exige la ley.
Este seguro, detalló, responde por los valores que el funcionario tiene en su custodia o de los cuales sea legalmente responsable y no incluye el pago de abogados por procesos judiciales, aclaró. Él incluso, pagó su propia póliza cuando laboró en Zapote.
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“Uno pagaba de su propio bolsillo, a mí me correspondió pagarla cuando fui director jurídico porque me tocaba ver temas de contratación administrativa. Era un monto semestral muy bajo. Nunca se intentó suscribir una póliza colectiva con cargo al presupuesto de la República, porque la responsabilidad es solo del funcionario, no del Estado”, explicó el jurista.
De acuerdo con Carvajal, durante su tiempo en Zapote, a los altos funcionarios recién ingresados se les notificaba que debían pagar una póliza de responsabilidad civil. La administración estatal ayudaba con los trámites y la remisión de documentos, pero el contrato era firmado y pagado por el empleado público.
El exfiscal general, Francisco Dall’Anese (2003-2010), confirmó que él también pagó su propia póliza de responsabilidad civil cuando fue empleado público. Agregó que otros funcionarios del Ministerio Público también debían costear este rubro.
“El fiscal general, los fiscales, los magistrados, los jueces, los defensores públicos, todos los que tenemos que tomar decisiones en el sector público tenemos que pagar nuestra propia póliza. Esto que están haciendo (comprar una póliza colectiva) no solo es violatorio de la ley, además es una licencia para que los funcionarios hagan lo que les venga en gana, porque su patrimonio personal no está en riesgo, sino que es el patrimonio del Estado. Es una barbaridad”, declaró Dall’Anese.
La Nación pudo confirmar que el expresidente Carlos Alvarado, los vicepresidentes, los ministros, los viceministros y los presidentes ejecutivos de su administración (2018-2022) pagaban su propio seguro. Al igual que los de Luis Guillermo Solís (2014-2018, como detalló previamente Carvajal.
El expresidente ejecutivo del INS (2015-2020) y exministro de Hacienda (2020-2022), Elián Villegas, ratificó que durante su paso por estas dos instituciones pagó semestralmente la póliza con su dinero.
“Es una póliza corre a cargo del funcionario, jamás con plata de la Administración. Eso no podía correr por las arcas del Estado, nunca. Es parte de la responsabilidad que uno asume como empleado público, querer que se lo pague el Estado es, así en sencillo, ser muy ‘carebarro’”, declaró Villegas.
Leonardo Garnier, quien fue ministro de Educación del 2006 al 2014, en las administraciones de Óscar Arias (2006-2010) y Laura Chinchilla (2010-2014), también aseguró que tuvo que pagar la póliza.
“Particularmente, por ser miembro del Consejo Superior de Educación nos pedían como requisito a todos los miembros pagar la póliza de fidelidad, pero la pagábamos de nuestro propio ingreso”, dijo Garnier, ante una consulta de este diario.
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Gobierno pretende cubrir sanciones por violaciones ambientales
La póliza de ¢248.391.706 que pretende contratar el gobierno con el INS busca financiar con fondos públicos los gastos de los jerarcas por pago de indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas.
No obstante, a los abogados Marvin Carvajal y Francisco Dall’Anese les llamó la atención que también busquen cubrir las eventuales sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.
“Esto significa que si se aprueba la extradición de un costarricense por estar implicado en narcotráfico, el funcionario que sea señalado va a tener los honorarios del abogado bien cubiertos. ¿Por qué esa previsión tan extraña? También me llama la atención que cubran daños ambientales, justamente ahora que viene lo de Gandoca-Manzanillo. ¿Cuál es la pertinencia, la necesidad y la utilidad de ese contrato?”, cuestionó Dall’Anese.
En total, serán 65 puestos del Poder Ejecutivo los que estarán bajo la cobertura de la póliza, con un límite por persona hasta de $500.000 al año. El seguro también protege a los jerarcas retirados por pensión o cambio de puesto, siempre que el reclamo sea sobre actuaciones ejercidas durante el período que ocupó el cargo.
Por su parte, el abogado Marvin Carvajal recordó que durante su paso por Casa Presidencial, la póliza que pagaban los funcionarios era un documento genérico utilizado regularmente por el INS.
Se trataba de un seguro por la responsabilidad civil y los posibles daños que generara un empleado público en el ejercicio de su cargo; no incluía gastos por extradiciones o daños ambientales. Tampoco abarcaba costos por una denuncia penal, solamente ofrecía una indemnización a los afectados.
Desde el punto de vista jurídico, Carvajal recalcó que las denuncias por responsabilidad civil son de carácter personal, por tanto, los funcionarios no pueden pretender que el Estado cubra sus gastos legales.
“No logro salir del asombro. Es clarísimo que no se pueden utilizar fondos públicos para una defensa personal. Es un uso muy abusivo de los fondos públicos, absolutamente ilegal, no creo que sobreviva un análisis mínimo de la Contraloría General de la República (CGR), no tiene posibilidad de prosperar. Me sorprende que el INS lo haga sabiendo que dentro de la cobertura ponen acciones que son ilegales”, declaró el jurista.
