La ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, se irá de vacaciones entre este martes 24 de febrero y el martes 3 de marzo.
Así lo anunció la Presidencia de la República, este lunes, mediante un comunicado de prensa, donde se indicó que la ministra estará de vacaciones, pero con un permiso sin goce salarial.
Durante esa semana, el viceministro Jorge Rodríguez Bogle asumirá las funciones del Ministerio de la Presidencia, como lo hizo entre enero de 2025 y hasta que Rodrigo Chaves designó a Fernández como ministra, el pasado 4 de febrero, tres días después de ganar las elecciones nacionales.
El lunes 16 de febrero, Fernández renunció a la plaza en propiedad que poseía en el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), de donde pretendía arrastrar las vacaciones que tenía acumuladas; sin embargo, al no poder hacerlo, finalmente optó por renunciar a esa plaza.
La ministra toma vacaciones cuatro días después de reunirse con los jefes de las fracciones legislativas actuales y de haberles solicitado que, antes de que terminen su periodo en el Congreso, dejen aprobados siete proyectos de ley de interés del gobierno de Rodrigo Chaves y de la administración entrante.
Se trata de cuatro créditos internacionales, así como reformas en temas ambientales, de atención en salud y una modificación sobre el tema de expropiaciones. Adicionalmente, mencionó un crédito sobre resiliencia climática y otro para apoyo presupuestario del Gobierno Central.
El primer préstamo es el de $770 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la ampliación del corredor vial San José-San Ramón, así como el de $880 millones, con esa misma entidad, para la construcción del tren rápido de pasajeros (TRP).
Adicionalmente, mencionó un crédito sobre resiliencia climática y otro para apoyo presupuestario del gobierno central.
También solicitó a los jefes de las fracciones parlamentarias apurar el paso de la iniciativa para autorizar la explotación de minería metálica a cielo abierto en Crucitas, una reforma a la Ley de Expropiaciones para apurar estos procedimientos que permitan acelerar la obra vial y, finalmente, la propuesta para facilitar la contratación de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social, presentada por la legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) María Marta Carballo, aliada del gobierno.