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Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), cambió su postura en cuestión de horas respecto a su confianza en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, de investigar el presunto espionaje del que habría sido víctima, tras el hallazgo de un micrófono oculto en un tomacorriente de su oficina privada en Rohrmoser.
En una conferencia de prensa convocada por la mañana, Fernández cuestionó la labor investigativa del OIJ y del Ministerio Público, luego de ser interpelada sobre por qué no había presentado la denuncia formal antes de hacer público el caso ante los medios. “Yo no confío en el OIJ, yo no confío en la Fiscalía, pero es mi deber como ciudadana poner la denuncia”, manifestó.
La aspirante justificó su recelo en los procesos judiciales abiertos por supuestos actos de corrupción contra el presidente Rodrigo Chaves, el exministro de Obras Públicas y Transportes Mauricio Batalla, y la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (Marta Esquivel).
No obstante, en la tarde, tras acudir a la Fiscalía de Pavas para interponer la denuncia y entregar el micrófono, Fernández modificó su versión: “He puesto por eso la denuncia (debido a lo serio del caso) y confío en las instancias judiciales, para que hagan su trabajo y esto se logre esclarecer”, afirmó.
El micrófono entregado por Fernández a la Fiscalía, como evidencia, fue manipulado por el equipo que lo localizó, por la propia aspirante presidencial y por miembros de la prensa, durante la conferencia convocada por el comando de campaña de Pueblo Soberano.
Asimismo, la atención a los medios de comunicación se efectuó en la misma oficina donde se habría encontrado el dispositivo, tan solo 30 minutos antes de que se convocara a los periodistas.
La candidata señaló que la Fiscalía determinó que el delito a investigar sería el de captación indebida de manifestaciones verbales.
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Esta figura legal, tipificada en el artículo 198 del Código Penal, castiga con prisión de uno a tres años a quien grabe, sin consentimiento, las palabras de otra persona que no estén destinadas al público, o que mediante medios técnicos escuche manifestaciones privadas ajenas. La norma excluye los casos contemplados en la ‘Ley sobre registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones’.
La misma sanción aplica para quien instale dispositivos o instrumentos con el propósito de interceptar o impedir comunicaciones orales o escritas, aun cuando no logre su objetivo.
Fernández afirmó que denunció al ser un asunto no podía dejar pasar por alto, “ni mucho menos la violación de mi privacidad”. Especialmente, alertó sobre el “uso que se pueda dar de esa información ilegítima”.
“Yo espero que se pueda llevar adelante la investigación, y ojalá descubrir quien fue el que hizo esto y sentarse las responsabilidades del caso”, declaró tras interponer la denuncia.
