“Pudimos ver las prioridades del cierre de este periodo legislativo. Para mí, era un encuentro muy importante. Les reiteré la importancia de que no aflojen, porque estamos en la recta final de este periodo y no podemos permitir que se aprueben proyectos apresuradamente, que nos expongan en el futuro o impliquen un nuevo veto de parte del Ejecutivo”, dijo.
Fernández aseguró que; no obstante, los 23 días restantes son muy valiosos y se podrían aprobar proyectos como los siete expedientes que ella les pidió acelerar a los jefes de fracción del Congreso, días atrás.
Laura Fernández pide mantener sepultada Ley de Ejecución de la Pena
Aunque la ministra no hizo referencia específica a esos proyectos que pidió detener, sí puntualizó que la petición a los chavistas incluye mantener el veto del proyecto de Ley de ejecución de la pena y de las medidas de seguridad curativas, expediente 24.019.
“Ese proyecto es un mamarracho. Es parte de lo que yo no quiero que siga pasando en Costa Rica. Le sigue dando prerrogativas a los delincuentes y dejando en indefensión a las víctimas. Es parte de las corrientes que quiero que superemos en el país. Quiero que avancemos hacia reformas judiciales que pongan mano dura, que el que la hace la pague y el que comete crímenes sepa que va a ir a la cárcel”, dijo la ministra.
Fernández enfatizó que el proyecto seguirá vetado y que ella hará todo lo que esté a su alcance para que la Asamblea mantenga ese veto.
La jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, puntualizó que esos proyectos ‘nocivos’ son, entre otros, la iniciativa del Frente Amplio (FA) para crear el Fondo Nacional de Auxilio Arrocero (Fonarroz).
“Hablamos también de la Ley de Ejecución de la Pena. Estamos absolutamente en contra de ese proyecto de ley. Hay que hacer un trabajo de convencimiento con los diputados para que no se consigan los 38 votos para resellarlo”, dijo Cisneros.
Cisneros agregó que se está coordinando una reunión entre los ocho diputados de gobierno actuales, que dejan sus cargos el 30 de abril y los legisladores electos, para pasarles la estafeta de varias iniciativas legales que les interesa seguir impulsando.
