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La presidenta Laura Fernández firmó este viernes en Cartago dos créditos internacionales por más de $486 millones para el desarrollo del sector agropecuario y proyectos de reconstrucción resiliente al clima, luego de su aprobación unánime por parte del nuevo Congreso tras permanecer entrabados en la Asamblea Legislativa anterior.
Uno de los préstamos corresponde al expediente 24.761, por $350 millones entre Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima.
El segundo empréstito, tramitado bajo el expediente 25.228, contempla créditos con el BIRF y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para financiar el Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica.
Este último financiamiento asciende a 115 millones de euros ($136 millones) y tendrá al Ministerio de Hacienda como órgano ejecutor, con apoyo técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Ambos proyectos fueron presentados por el Poder Ejecutivo en 2025 y aprobados el pasado 11 de mayo por 56 diputados, de forma unánime, en una de las primeras muestras de consenso de la nueva Asamblea Legislativa.
Disputas en anterior Asamblea
La firma de los créditos se da luego de que permanecieran entrabados durante los últimos días del Congreso anterior, al igual que el préstamo para la construcción del Tren Rápido de Pasajeros (TRP).
Los proyectos no pudieron votarse el lunes 27 ni el martes 28 de abril, porque esos días se ausentaron de la sesión tanto los oficialistas que lideraba Pilar Cisneros como sus aliados de Nueva República (PNR) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), lo que imposibilitó que se discutieran los informes de la comisión que investigó el presunto abuso sexual de Fabricio Alvarado a una exdiputada.
A esto se sumó que la anterior fracción del PLN presentó consultas ante la Sala Constitucional para intentar frenar el avance de los tres créditos, utilizando una estrategia similar a la que anteriormente había criticado al gobierno de Rodrigo Chaves.
Sin embargo, el pasado 7 de mayo, la Sala declaró inevacuables las tres consultas planteadas, al considerar que la fundamentación presentada era insuficiente para admitirlas.
