La Sala Constitucional declaró inevacuables las tres consultas remitidas por la anterior fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) sobre tres créditos internacionales, uno de ellos relacionado con la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren rápido de pasajeros.
La decisión se adoptó por unanimidad. Los magistrados determinaron que la fundamentación de las consultas “era insuficiente para ser consideradas admisibles”. Por ahora, se conoce únicamente el por tanto.
Los magistrados que adoptaron la decisión fueron Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz, Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera.
Esta consulta había suspendido el trámite legislativo. Ahora, los expedientes podrán ser votados en segundo debate, dado que no tienen el impedimento de la consulta y el presidente Rodrigo Chaves los convocó para las sesiones extraordinarias en el Congreso.
La consulta legislativa facultativa, puede ser presentada por diez o más diputados, para solicitar a la Sala Constitucional un criterio sobre un proyecto de ley ya aprobado en primer debate, con el fin de verificar que no contravenga la Constitución Política.
Tres créditos
El primer crédito se tramita bajo el expediente 25.291 relacionado con el tren rápido de pasajeros.
Además de ese crédito, los liberacionistas también enviaron a consulta el expediente 24.761, que contempla un préstamo por $350 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, para financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima.
Asimismo, incluyeron el expediente 25.228, que agrupa financiamientos suscritos con el BIRF —por hasta 115,5 millones de euros— y con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola —por hasta 19,2 millones de euros— para el “Programa para una Agricultura Sostenible y Competitiva en Costa Rica”.
Consultas tras sabotaje
Las consultas ante la Sala Constitucional fueron presentadas tras la fallida sesión de plenario del pasado martes 28 de abril, que no pudo realizarse por falta de cuórum.
Los liberacionistas consideraron que, ese día, el oficialismo realizó una maniobra para impedir que se votara una eventual sanción contra el entonces diputado Fabricio Alvarado, de Nueva República, por un presunto caso de abuso sexual.
Para poder votar los créditos antes de que finalizara el periodo de la Asamblea Legislativa 2022-2026, primero debían votarse tres informes elaborados por la comisión especial que investigó la denuncia contra Alvarado, por un aparente abuso sexual en perjuicio de la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa.
La presidenta electa, Laura Fernández, había solicitado que los expedientes 24.761 y 25.291 fueran prioridad. Sin embargo, no recibieron segundo debate.