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El 31 de julio, el gobierno de Laura Fernández afirmó que la resolución de la Sala Constitucional sobre la prórroga de magistrados suplentes era “ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa”. Seis días después, esta expresión ya no aparecía en el discurso oficial.
La retórica de Fernández cambió para referirse a lo sucedido como “un golpe a la institucionalidad pública de Costa Rica”.
La Nación realizó un análisis de contenido de las principales intervenciones públicas del Ejecutivo sobre este tema: el pronunciamiento del 31 de julio, en el que se anunció la presentación de una querella contra cuatro magistrados de la Sala Constitucional; la presentación formal de la querella, el 3 de agosto; y la conferencia de prensa semanal del 5 de agosto, realizada en Casa Presidencial.
En la primera intervención, Fernández también usó el término “magistrados golpistas” para referirse a los cuatro jueces que emitieron el voto de mayoría que prorrogó el nombramiento de los anteriores magistrados suplentes, de forma provisional, hasta que los diputados elijan a los sustitutos. El Tribunal se pronunció a raíz de un recurso de amparo de un ciudadano contra la Asamblea Legislativa.
Tres días después, durante la presentación de la querella en la Corte, el concepto cambió. El Ejecutivo ya no habló de un golpe de Estado, sino “del golpe que le dieron con ese voto a la democracia y a nuestra institucionalidad”.
Luego, en la conferencia del miércoles 5 de agosto, Laura Fernández afirmó que los magistrados dieron “un golpe a la institucionalidad pública de Costa Rica”.
Tanto la expresión “golpe de Estado” como “magistrados golpistas” desaparecieron por completo después del viernes 31 de julio, el primer día del conflicto.
A su vez, el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, calificó a los jueces como “cuatro filibusteros”, no como golpistas.
Expertos señalaron uso desproporcionado del término
Las expresiones utilizadas por el gobierno fueron descalificadas por diversos sectores, que las consideraron desproporcionadas.
El Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales rechazó que la resolución de la Sala Constitucional pudiera calificarse como un “golpe de Estado” y sostuvo que el caso correspondía a “un conflicto de competencias y de interpretación constitucional”, no a una ruptura del orden democrático. Advirtió de que utilizar ese concepto sin que concurran sus elementos constitutivos puede banalizar un término reservado para las crisis más graves de la democracia, erosionar la confianza en las instituciones y profundizar la polarización.
En la misma línea, 51 profesores de Derecho de la Universidad de Costa Rica rechazaron el uso del concepto para describir un desacuerdo institucional y alertaron que emplearlo de forma irresponsable puede desvirtuar su significado histórico y jurídico.
La Escuela de Ciencias Políticas de la UCR publicó un documento en el que recordó que, desde la ciencia política, un golpe de Estado exige la concurrencia de tres elementos: actor estatal, objetivo de sustituir al Poder Ejecutivo y medios ilegales o inconstitucionales, y subrayó que “no todo conflicto entre poderes constituye uno”.
Después de que el discurso inicial se concentró casi exclusivamente en los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess y Jorge Araya García, los pronunciamientos sobre la querella se ampliaron hacia el Poder Judicial como institución, como ha sido habitual en los primeros meses de la administración.
El 5 de agosto, Rodrigo Chaves dedicó buena parte de su intervención a criticar el funcionamiento del Poder Judicial.
