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Juan Carlos Hidalgo, excandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que existe una estrategia de parte del oficialismo para generar una “parálisis” deliberada de la Sala Constitucional, al sabotear la elección de magistrados suplentes de ese tribunal.
Para Hidalgo, el escenario es “seriesísimo”, especialmente en el contexto de los últimos años, en los que —según dijo— la Sala ha funcionado como un contrapeso frente a las decisiones del Poder Ejecutivo.
“Ha sido la Sala Constitucional el órgano que le ha puesto coto al Gobierno en muchas de sus arbitrariedades”, sostuvo.
El excandidato fue más allá y atribuyó una intencionalidad política detrás de un eventual debilitamiento del tribunal. A su criterio, ante la imposibilidad de reunir los 38 votos necesarios para influir en la integración de la Sala, el chavismo estaría optando por generar su cierre técnico.
Se enviaron consultas a la diputada Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, sobre las afirmaciones de Hidalgo, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta.
¿Qué está pasando?
El miércoles, la Asamblea Legislativa falló en su sexto intento por escoger a los jueces suplentes, luego de realizar dos rondas de votación en el plenario.
Las bancadas de oposición han responsabilizado por esta situación a los legisladores chavistas y sus aliados.
Tal como hicieron la semana pasada, este miércoles cinco diputados chavistas volvieron a salir del plenario poco antes de que se iniciara la elección de magistrados suplentes. Además, se ausentaron varios aliados del gobierno; entre ellos, legisladores de Nueva República y de la Unidad.
Sobre la mesa está la elección de nueve magistrados, cuya designación es necesaria para que ese tribunal pueda funcionar, incluso cuando los propietarios deban ausentarse. El pasado 16 de marzo venció el nombramiento los suplentes que integraban la Sala.
El tribunal constitucional está compuesto por siete miembros y, si tan solo uno de ellos falta, por vacaciones, enfermedad o cualquier otro motivo, ya no podría sesionar, y eso implicaría el freno a cientos de recursos de amparo que se estudian en tutela de los derechos humanos en el país.
“Es precisamente lo que ellos están buscando: que no haya Sala Constitucional. Ante la imposibilidad de capturar ese órgano, porque no tienen los 38 votos, entonces buscan su parálisis”, afirmó Hidalgo.
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