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El martes, consultada por La Nación, luego de asistir a la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso, Lourdes Sáurez negó que la DIE haya tomado la decisión de trasladar esa partida multimillonaria a la escuela del diputado por la directriz de una persona específica.
‘Peticiones de diputados existen a diario’
¿Hubo alguna petición del diputado Bojorges, máxime que se sabe que hubo comunicación entre él y usted, para que ese dinero fuera a la escuela donde él tiene propiedad como director?, se le preguntó a la jefa del MEP.
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La directora de la DIE respondió que tendría que chequear si esa petición se dio, pero enfatizó que “realmente es un tema técnico”.
“Peticiones de diputados existen a diario de todos los diputados, porque ellos son voceros de sus comunidades. No recuerdo si existe una así, puntualmente, pero al final de cuentas, también prima lo técnico”, agregó.
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“Nosotros hacemos un análisis técnico de las necesidades. Las inversiones de infraestructura no se generan a través de directrices puntuales. Se hace una valoración de los diferentes casos urgentes, terrenos ociosos hace muchos años, que es de suma importancia empezar a ocupar, así como la situación actual de poblaciones estudiantiles”, dijo la funcionaria.
Sáurez alegó que, según los resultados que arrojen los análisis técnicos, se empieza a ver a dónde se pueden dirigir los recursos.
Según agregó, no sabe si ha existido alguna petición de información de parte de la Fiscalía General de la República a la DIE sobre esa partida presupuestaria.
“Realmente no recuerdo que me hayan dicho mis compañeros sobre alguna solicitud de la Fiscalía referente a este caso; no me han informado mis compañeros que llevan ese tema”, dijo.
Rechaza comentar Caso Richter
En el expediente del caso Richter, constan escuchas de llamadas telefónicas entre el socialcristiano y Lourdes Sáurez, en las que se evidenció una preocupación de ambos de que rastrearan las reuniones que ellos habían estado teniendo, una de ellas incluso con el hermano del congresista, quien precisamente es el actual director del centro educativo de El Roble, Luis Emilio Hernández León.
El legislador está en el Congreso con un permiso temporal concedido por el MEP.
Sobre esa reunión, la directora de la DIE rechazó hacer comentarios a La Nación, pues arguyó que se trata de un caso en investigación judicial en curso.
Dentro de ese expediente, el fiscal general, Carlo Díaz, ordenó el secuestro de los teléfonos celulares a Bojorges León, a la propia Sáurez, al viceministro de Transportes, Carlos Ávila; a la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, y a la presidenta del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Marlen Luna.
El Caso Richter trata sobre una investigación a Leslye Bojorges por presuntas faltas al deber de probidad por, aparentemente, solicitar dádivas a un sujeto investigado por legitimación de capitales, falsedad ideológica y fraude registral.
Además, se indaga la presunta práctica del legislador de solicitar favores a funcionarios públicos aprovechando su investidura.
Por el caso de la escuela, la Fiscalía General abrió una investigación contra el diputado socialcristiano y el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
En las escuchas telefónicas de la investigación de la Fiscalía, el Caso Richter, el congresista dijo que tenía gran influencia sobre Chaves para pedirle favores.
